Existen serias sospechas de que nuevamente, se ha cumplido un proceso irregular en el llamado a licitación y adjudicación para la instalación de 1.000 cámaras de seguridad. Además hay dudas con respecto a la firma del contrato, frente a la situación económica de la Municipalidad, que no dispondría de los recursos para concretar su puesta en funcionamiento, no obstante la adjudicación bajo el decreto Nº 1225.
La intervención judicial, se debió a la presentación del ciudadano Christian Curcio, quien acompañó documentación probatoria, que respaldó la primera requisitoria del funcionario actuante.
Durante el llamado a licitación, la MGP rechazó pedidos de prórroga de dos empresas, Telefónica de Argentina y ZIT, lo que hubiera permitido una mejor selección y posiblemente valores más bajos generados por el nivel de competencia.
Sorprende que sólo en 14 días se haya publicado el llamado a licitación y la apertura de sobres, teniendo en cuenta el elevado monto de la contratación del servicio y la importancia del mismo.
El día 24 de enero de 2014, se publica en el Boletín Oficial el llamado a licitación y el 31 de enero de 2014 se cerró la venta de pliegos, y el 7 de febrero de 2014, se procedió a la apertura de ofertas. Hubo dos ofertas y aparentemente las dos empresas oferentes serian del mismo grupo: Global View y Dinatech.
Global View ofertó $111.270.300 y Dinatech cotizó $129.447.552. Con lo cual se evitó la participación del Concejo, ya que no hubo oferta única, se desprende de la lectura de la documentación.
Con respecto a la ubicación de las cámaras, no hubo consulta con las autoridades policiales, tampoco al poder judicial, ni a los foros de seguridad. El diseño se basó en las distintas reuniones que mantuvieron autoridades municipales con vecinos preocupados por la inseguridad.
No fue elaborado un estudio de costos, imprescindible para confeccionar el presupuesto oficial. Tampoco datos comparativos para determinar cómo se llega a esa cifra, se vuelve a reiterar lo ocurrido con la primera licitación, cuando se comparó con otros municipios, era evidente el sobreprecio existente.
El fiscal federal que interviene, solicitó al Concejo Deliberante, que se envíe todo lo actuado por ese cuerpo deliberativo, en el tema de las cámaras de seguridad, y al Ejecutivo le fijó plazo de 10 días para que aporte el expediente Nº 16610-4-2013).
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