Para los camaristas, “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”, afirman quienes dispusieron la ampliación de la investigación en la cual están incursos Florencio Aldrey Iglesias y tres de sus sobrinas. Ahora también deberá declarar la ministro Carla Vizzotti
Con el caso reabierto por orden de la Cámara Federal -que revocó el archivo parcial de la investigación por el Vacunatorio VIP-, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó un entrecruzamiento de llamados telefónicos que involucran por primera vez a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
Fue por pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien sostuvo que “no se puede descartar la participación ” de la funcionaria en los hechos denunciados. Bajo análisis están las comunicaciones del ex ministro de Salud, Ginés González García, y otros ex funcionarios.
Hace dos meses, el fiscal federal había requerido el análisis de las comunicaciones telefónicas de ex funcionarios como también de la actual responsable del Ministerio de Salud. La jueza le solicitó que fundamente bien el motivo, ya que Vizzotti no está imputada en el expediente. O que en tal caso, evalúe si será parte del caso como investigada.
En un dictamen, Taiano sostuvo entonces que “teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, este Ministerio Público Fiscal no puede descartar la participación de Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo, Martín Horacio Sabignoso y Arnaldo Darío Medina, por cuanto habrían tenido algún tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas vacunas contra el Covid-19 que debían asignarse y suministrarse conforme la Resolución M.S. 2883/20″.
La jueza Capuchetti aceptó el pedido y firmó la resolución que autoriza a investigar las llamadas entrantes y salientes del despacho de Carla Vizzoti, quien quedó bajo investigación por el escándalo del Vacunatorio VIP.
Durante todo el proceso, desde la Casa Rosada se buscó reducir el tema a una mera picardía: “adelantarse el lugar en la fila”, fue la explicación del presidente Alberto Fernández. Pese a ello, el escándalo le costó el cargo a Ginés González García, que además se encuentra imputado junto a sus subalternos.
Desde el juzgado se impulsaron una serie de medidas para avanzar con la investigación y se ordenó un entrecruzamiento de llamados telefónicos sobre Ginés y los ex funcionarios que estaban debajo de él: Marcelo Guille, Mauricio Monsalvo, Martín Sabignoso y Arnaldo Medina.
La medida avanzó y los informes son aguardados por la Fiscalía que tiene delegada la investigación desde que el caso fue reabierto.
Restaba determinar si se incluía en el entrecruzamiento de llamadas a la ministra Vizzotti. Esa duda fue despejada ahora.
La medida de prueba que había sido requerida en su ocasión por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas apunta a determinar quiénes tenían conocimiento del circuito que posibilitó que un grupo de dirigentes, sindicalistas y allegados a la Casa Rosada fueran vacunados por fuera de los turnos y plazos establecidos. Por ello, se pidió una pericia sobre las llamadas telefónicas, que además incluye teléfonos asignados a personal del Hospital Posadas.
La discusión ética
La resolución de la Sala I de la Cámara ordenó que se investigue la posible discrecionalidad en la aplicación de un conjunto de vacunas. “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?”, consideraron los jueces.
Para los camaristas, “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”
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