“El dueño del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias y dos de sus familiares; y el periodista Horacio Verbitsky, entre otros nombres menos públicos pero con igual capacidad de acceder a los resortes del poder)”, expresa Noelia Barral Grigera, en la nota que publica el emblemático diario www.washingtonpost.com/.
Lo hace en una nota que lleva como título Vacuna gate: “el gobierno de Alberto Fernández se convirtió en lo que prometió combatir”
Ubica precisamente a Florencio Aldrey Iglesias y sus tres sobrinas en un lote descripto como:
“Son 70 personas entre las que hay que desmalezar y analizar para distinguir entre tres grupos: los vacunados correcta y públicamente (el presidente, la vicepresidenta, algunos de sus ministros y colaboradores), aquellos que fueron inmunizados con criterios discutibles no explicitados ante la ciudadanía (funcionarios jóvenes de menor rango) y los VIPs (entre los que aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa y tres de sus hijos; el dueño del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias y dos de sus familiares; y el periodista Horacio Verbitsky, entre otros nombres menos públicos pero con igual capacidad de acceder a los resortes del poder)”.
Y sostiene una dura y lapidaria consideración: “La asignación discrecional de un bien mundialmente escaso como la vacuna contra el COVID-19 es, además de moralmente deplorable, políticamente catastrófica para una gestión que nació y avanzó con la promesa de ser exactamente lo contrario de un gobierno de carriles exclusivos para gente VIP”, que obviamente comprende a Aldrey Iglesias y su familia.
La reproducción total de la nota es la siguiente:
El gobierno de Alberto Fernández atraviesa, desde el 19 de febrero, la crisis política más grave desde que asumió, hace poco más de un año. Más grave que el manejo de la pandemia por el coronavirus. Más grave que la devastadora situación económica. Más grave que cualquier pelea interna que haya sucedido dentro de la coalición de gobierno. La asignación discrecional de un bien mundialmente escaso como la vacuna contra el COVID-19 es, además de moralmente deplorable, políticamente catastrófica para una gestión que nació y avanzó con la promesa de ser exactamente lo contrario de un gobierno de carriles exclusivos para gente VIP.
“Volvimos y vamos a ser mejores”, festejó y prometió el presidente argentino en el escenario de su asunción, el 10 de diciembre de 2019. ¿Mejores respecto de qué? Mejores respecto de las acusaciones de corrupción que ensombrecieron la segunda gestión presidencial de su hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este escándalo da de lleno contra aquella promesa y probablemente aleje a un electorado moderado, no kirchnerista, que votó por el partido Frente de Todos sin una convicción particular y solo para sacar del poder a Mauricio Macri.
Porque, justamente, la gran promesa electoral de Fernández fue terminar con lo que para el hoy presidente fue un gobierno para ricos. “El más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres”, dijo en septiembre pasado en la provincia de San Juan. Afirmación de la que hoy puede dar cuenta cualquier enfermera, médica o persona mayor de 80 años que todavía espera ser vacunada en la Argentina.
Es ahí, en ese punto, donde puede medirse la profundidad de la crisis política que enfrenta el gobierno argentino. Fernández es un presidente que sabe y habla de las desigualdades e inequidades intrínsecas del sistema capitalista. Suele reflexionar sobre eso en público y, además, intercede ante sus pares mundiales para intentar mitigar esas injusticias, corregirlas, aplazarlas. ¿Cómo puede ser que en su gestión, bajo su mando, algunos pocos privilegiados, amigos del poder, o amigos de amigos del poder, hayan recibido la vacuna antes que una enfermera que pelea todos los días contra la pandemia? Lo que hoy sienten muchos de sus votantes, de sus militantes y hasta de sus compañeros de gestión es desilusión. Y eso es más dañino y lapidario que el despido del ahora exministro de Salud Ginés González García, una eminencia del sanitarismo que debió ser convencida en persona por el entonces candidato presidencial para aceptar el Ministerio. Y, por supuesto, es mucho más incontrolable y nocivo que cualquier causa judicial.
El gobierno argentino dedicó los últimos dos días (de una crisis que lleva ya seis) a intentar dar vuelta a la página. Empezó por difundir la lista de todos los vacunados por fuera del sistema público nacional de asignación de turnos. Son 70 personas entre las que hay que desmalezar y analizar para distinguir entre tres grupos: los vacunados correcta y públicamente (el presidente, la vicepresidenta, algunos de sus ministros y colaboradores), aquellos que fueron inmunizados con criterios discutibles no explicitados ante la ciudadanía (funcionarios jóvenes de menor rango) y los VIPs (entre los que aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa y tres de sus hijos; el dueño del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias y dos de sus familiares; y el periodista Horacio Verbitsky, entre otros nombres menos públicos pero con igual capacidad de acceder a los resortes del poder).
El segundo paso para intentar dar vuelta la página de la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, fue la creación de una Comisión para monitorear la vacunación de “personal estratégico”, integrada por Unicef, el Congreso y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Sin embargo, no está claro si el escándalo va a decrecer. Algunos nombres confirmados de los vacunados en provincias y municipios muestran que también en esos niveles de gobierno hubo discrecionalidad.
Este martes 23, de visita oficial en México, Fernández pareció referirse a esa posibilidad. “Si hay más responsables, se van a tener que ir los que se tengan que ir”, dijo ante la prensa. Aunque está claro que su gobierno espera haber zanjado la discusión con el despido del ministro de Salud, la publicación de la lista de vacunados y la promesa de que no volverá a ocurrir.
Paradójicamente, el presidente argentino también responsabilizó a parte de la prensa por el error más grave de su gestión. “Unos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente”, dijo en conferencia de prensa desde la casa de gobierno mexicana, en un intento de explicar por qué nombres muy visibles del oficialismo ya fueron inmunizados.
Si efectivamente fue así, si el gobierno argentino decidió inmunizar a algunos funcionarios por lo que decían los medios de comunicación, Fernández entonces debió haber olvidado otra de las frases que quedaron marcadas la noche de su asunción presidencial: “No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario —le dijo en aquel escenario Cristina Fernández de Kirchner—, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos, y ellos siempre van a estar con usted”.
Si la llegada del COVID-19 a la Argentina marcó el momento de mayor cercanía entre el gobierno y la ciudadanía, con medidas rápidas y firmes para cuidar a toda la población y preparar al sistema de salud, el vacunatorio VIP es la demostración última del divorcio entre el clima del palacio y la realidad del pueblo, que hace un año espera resultados no solo sanitarios, sino también económicos y políticos. Alberto Fernández no tiene margen si este año quiere revalidar el apoyo en las urnas: debe reconquistar el corazón de sus votantes, que no piden ni más ni menos que lo que les prometió.
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