El presidente Alberto Fernández culminará el próximo viernes su segundo año de mandato con un total acumulado de 117 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados desde su asunción, principalmente vinculados con la gestión de la pandemia de coronavirus y sus efectos en la economía.
“Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”, establece el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Con la pandemia de Covid-19 instalada en la Argentina apenas tres meses después de su llegada a la Casa Rosada, el jefe de Estado se vio obligado a recurrir a los DNU para establecer una serie de medidas que no podían aguardar al debate en el Congreso: tal vez el decreto de necesidad y urgencia más destacado que haya firmado el mandatario sea el que implementó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo de 2020.
Antes de aquel DNU, Alberto Fernández había utilizado esta herramienta constitucional para intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), establecer la Emergencia Pública en Materia Ocupacional, derogar la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y postergar el pago de bonos, entre otras iniciativas.
Ya con el Sars-Cov-2 como un factor fundamental a la hora de la gestión, el Presidente recurrió a los decretos de necesidad y urgencia para fijar una serie de medidas de contención a la crisis económica provocada por la pandemia, como fue el caso del congelamiento de alquileres e hipotecas y la prohibición de despidos.
También fue la vía para frenar los cortes de servicios en caso de mora o falta de pago y derogar el voto postal para los argentinos residentes en el exterior, entre otras iniciativas adoptadas por el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso.
Si se compara el número con los de sus antecesores que se sentaron en el Sillón de Rivadavia, el Presidente que más veces recurrió a los decretos de necesidad y urgencia fue el riojano Carlos Saúl Menem, quien utilizó su lapicera en 284 ocasiones para rubricar esos textos. Sin embargo, si se tiene en cuenta su larga gestión al frente de la Casa Rosada, su promedio no es tan alto, a diferencia del de Eduardo Duhalde, que firmó 156 DNU en menos de 17 meses.
En tanto, Néstor Kirchner lo hizo en 239 ocasiones; Cristina Kirchner, en 82; Mauricio Macri, en 73; Fernando De la Rúa, en 60; y Raúl Alfonsín, en 6.
Curioso es el caso de Adolfo Rodríguez Saá, que en su breve interinato de una semana firmó seis decretos de necesidad y urgencia: fijó su sueldo en 3 mil pesos; modificó el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, congeló las vacantes existentes en la Administración Pública Nacional; suspendió el servicio de telefonía móvil a funcionarios y empleados del Gobierno; ordenó la venta de todo el parque automotor del Estado Nacional para solventar el gasto de programas alimentarios y de empleo; creó el Fondo de Liquidez Bancaria y declaró el estado de emergencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
