Alberto Fernández extenderá por un mes el DNU de “semáforo epidemiológico” que rige las restricciones por la pandemia pero demora la definición sobre el cupo de 600 argentinos que pueden ingresar por día al país provenientes del extranjero.
En medio de una fuerte discusión dentro del Gobierno, el presidente estudia tres opciones: mantener el cupo de 600 con vuelos especiales para casos puntuales, aumentar ese cupo a 1000 personas por día o ir flexibilizando progresivamente como propone jefatura de gabinete. Esta última alternativa, anticipada en exclusiva por LPO, es la que optaría el presidente.
Ayer, la Cámara del Crimen ordenó de manera excepcional el regreso de dos argentinos varados en Estados Unidos por razones humanitarias. El fallo al mismo tiempo avaló las medidas restrictivas del retorno de hasta 600 viajeros diarios. El Gobierno anunció que acatará el fallo.
Sin embargo, no hay un criterio unificado en el gabinete. “Nadie dijo que íbamos a sostener los 600, lo que estamos diciendo es que vamos hacia un esquema progresivo en esto”, dijo la titular de Migraciones, Florencia Carignano a AM La990. “Iremos aumentándolo proporcionalmente y siempre de acuerdo a los criterios sanitarios”, indicó.
Como explicó LPO, la discusión tiene dos posturas enfrentadas entre Salud y la Rosada y ambas exhiben argumentos fuertes. El área de Carla Vizzotti prefiere seguir con la medida actual para retrasar el ingreso masivo de la cepa Delta al país. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, analiza el costo político que puede tener para el Gobierno la prohibición del ingreso de argentinos al país.
Ayer, ambas partes tuvieron motivos para no ceder. Por un lado, el instituto Malbrán detectó dos nuevos casos de la cepa Delta, de un pasajero proveniente de Miami y de otro que vino de Barcelona.
Pero al mismo tiempo el conflicto con los varados despertó alarmas en los organismos de Derechos Humanos. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, solicitó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, una reunión para tratar la situación.
“Las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas”, dijo Belski.
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