En la misma, participaron, el Concejal de la U.C.R. Maximiliano Abad, el Secretario de Bloque Norberto Pérez, la Decana de la Facultad de Derecho, María del Carmen Ortega, y el Dr. José Alberto Esaín, especialista en derecho ambiental. Expresó Abad “El agua -en tanto elemento esencial para la vida humana- es un derecho humano inalienable de las personas y como tal debe ser reconocido no solo en los sistemas jurídicos internacionales y nacionales sino que además debe convertirse en una prioridad en las políticas publicas de los gobiernos para garantizar a todos los habitantes el acceso a este derecho”
El Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto 191/2011, designó una Comisión redactora de un anteproyecto de reforma de los Códigos Civil y Comercial, integrada por los Doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, pero una vez redactado dicho anteproyecto, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner lo envió al Congreso con una serie de modificaciones. Una de ellas, eliminaba el artículo 241 del anteproyecto original que establecía el Derecho fundamental de acceso al agua potable y cuya en redacción original se establecía que “todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”. Expresó el Dr. Esaín “ El derecho al agua se desprende de convenios internacionales (o el derecho derivado de ellos como sentencias de la corte Interamericana interpretando algunos convenios) algunos de los que poseen jerarquía constitucional (segundo párrafo art. 75.22 CN). En otros casos, convenios con jerarquía supra legal (por encima de las leyes, primer párrafo art. 75.22 CN). Dado que es un derecho reconocido por normas de jerarquía superior, no se puede negar porque no esté en el C.C., aunque no incluirlo sería dejar pasar una oportunidad, aunque lo apropiado, sería modificar la Ley, 25.688 de gestión de aguas, incorporando este Derecho”. Finalizó Abad “ Vamos a solicitar al Congreso que se mantenga el proyecto original como un primer paso, aunque hay que seguir trabajando y avanzar en la elaboración de una legislación adecuada que reconozca el acceso al agua potable como un derecho humano inalienable”
