Desde el Colectivo de Mujeres Mumalá, repudiamos la improvisación del Ejecutivo provincial ante la necesidad urgente de garantizar la atención de los abortos no punibles. El lunes 4, el Ministro de Salud y funcionarias de la Cartera Provincial, habían anunciado la conformación de equipos móviles para atender aquellos casos de los que los Hospitales no se hicieran cargo debido a objeción de conciencia de sus médicos y a una semana el Gobernador Scioli rectificó la medida, aludiendo que su gestión “desarrolla medidas favorables para la vida y los derechos integrales de los ciudadanos”.
Entendemos que esta improvisación constituye una grave afrenta contra nuestra salud y desnuda la carencia de planificación y de políticas públicas del Estado provincial para garantizar los derechos de las mujeres. Pero manifiesta también una preocupante actitud del Señor Gobernador, quien demostró un peligroso desconocimiento del tema, ya que justamente “desarrollar medidas favorables para la vida” contempla reducir la mortalidad de mujeres gestantes y cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que reafirmó en 2012 que no puede impedirse a mujeres víctimas de violación ejercer su derecho a interrumpir el embarazo -conforme lo autoriza el Código Penal desde 1921-, exhortando a cumplir con las prácticas de abortos no punibles.
Así, Scioli parece estar dispuesto a ceder ante las presiones de la Iglesia, ya que entre el anuncio de sus funcionarios y su retractación, medió un comunicado de la Conferencia Episcopal en la misma línea de lo que luego expresara el Gobernador.
Desde el Movimiento de Mujeres creemos que los funcionarios públicos deben trabajar por el ejercicio pleno de los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de la ley, independientemente de sus creencias religiosas. Las muertes de mujeres a causa de abortos clandestinos son totalmente evitables y el hecho de que prevalezca un debate de supuesta moralidad y/o religiosidad por sobre los derechos humanos y la salud pública nos parece aberrante y retrógrado.
Aún si todos los médicos de un hospital provincial se declararan objetores de conciencia, el Ministro de Salud Provincial debe arbitrar los medios necesarios para garantizar los abortos no punibles. No lo decimos las organizaciones de mujeres, lo dice la ley; su incumplimiento, se traduce en graves consecuencias sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, lo que en este contexto es responsabilidad absoluta del gobierno provincial.
La decisión de Scioli da marcha atrás con un derecho que las mujeres tenemos adquirido hace 93 años. Es totalmente absurdo que un gobernador desconozca la legislación vigente y nos empuje a las mujeres a abortar en la clandestinidad.
NOELIA BARBAS
