Cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro. La iniciativa nació en nuestro país en 1990, cuando en el ámbito del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se declaró esta fecha como el Día por la Despenalización del Aborto.
En Argentina, a partir de la Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho para niñas, mujeres y todas las personas con capacidad de gestar hasta las 14 semanas, inclusive. A partir de la semana 15, la normativa también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), si este es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
Pero el camino que culminó con la promulgación de la ley en enero de 2021 llevó numerosos años de lucha por parte de las distintas organizaciones y movimientos feministas, con la intención de visibilidad y modificar una situación crítica y latente, ya que el aborto clandestino constituye una de las primeras causas de mortalidad de las personas gestantes en muchos de los países de la región.
En cuanto a la conmemoración a nivel local, Hochberg , referente de la multisectorial de la mujer manifestó: “Va a ser una jornada nacional en la que en todo el país se va a salir a la calle para, de alguna manera, conmemorar una lucha que fue tan larga y en la que finalmente pudimos lograr que se haga ley el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotras vamos a estar este 28 de septiembre a partir de las 17.30 en la Plaza San Martín, más precisamente en el sector frente a la Facultad de Derecho, y haremos una asamblea con un pañuelazo”.
“Pero lo que nosotras hemos discutido, y creo que la jornada nacional tiene en este sentido, es apuntar contra la derecha reaccionaria que tenemos en Argentina, representada por Milei y Bullrich. Durante la campaña electoral hemos presenciado discursos que pretenden cercenar nuestros derechos desde varios puntos de vista, desde la negación de la violencia de género, el no reconocimiento de las desigualdades existentes, la propuesta de cerrar el Ministerio de la Mujer; una cantidad de discursos que nos preocupan muchísimo. En este día simbólico, vamos a salir a las calles para de alguna manera denunciar lo que pretenden estos sectores, porque no podemos callarnos ni dejar de nombrar esta situación preocupante”, agregó.
La referente de la Multisectorial de la Mujer remarcó la necesidad de proteger los logros obtenidos: “Fueron derechos que nos costaron mucho, no fue algo sencillo. En el caso de las mujeres, fueron muchísimas las leyes que conquistamos a lo largo de estos 40 años de democracia. Algunas se implementan, otras por falta de presupuesto no, pero ellas existen, están, las conquistamos y no vamos a permitir desde ningún punto de vista que las tiren por la ventana. Justamente por eso la idea es seguir en la calle para manifestarnos, tratar de hacer comprender a tantos y tantas, sobre todo jóvenes, que hoy creen en los espejitos de colores. Ninguna de estas medidas de la derecha son nuevas, son todas ideas viejas con ropa nueva”, remarcó.
El logro: la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo
La consecución de este derecho se materializó a través de la mencionada Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, normativa que reconoce el derecho a decidir, requerir y acceder a la atención en el sistema de salud, regulando el aborto, la atención médica posterior y el acceso a los métodos anticonceptivos para todas aquellas personas con capacidad de gestar. Para Hochberg, este logro fue emocionante: “Creo que se pudo hacer realidad esa consigna que decíamos de ni una muerta más por aborto clandestino. Lo que cambió fue de alguna manera la percepción social en relación a lo que está permitido y lo que no, a lo que se ocultaba y que ahora se puede hablar en voz alta. Más allá de que es un tema que aún hoy posee mucho debate porque realmente, sobre todo en la clase más humilde, no se acepta la interrupción voluntaria del embarazo”, expresó.
“Hay todavía mucho camino por andar, pero que ya tengamos la ley significa que no hace más falta que si una mujer decide interrumpir su embarazo lo tenga que hacer en forma clandestina, con la que tantas muertes tuvimos. Creo que es una ley que trajo tranquilidad para las mujeres en general y para los trabajadores de la salud”, agregó.
Desde su promulgación, la ley de aborto voluntario está vigente en todo el territorio nacional y no requiere de adhesiones provinciales o reglamentación para su vigencia.
El Protocolo de interrupción voluntaria del embarazo
El “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo“ desarrolla los estándares legales y técnicos mínimos que deben seguirse para el acceso a esta práctica y la atención post aborto de acuerdo a la Ley 27.610.
Entre sus lineamientos, se establece que los servicios de salud deben asegurar el trato digno, la privacidad y la confidencialidad, respetar la autonomía y garantizar la atención de calidad. Por lo tanto, todo el personal de salud – incluyendo el administrativo y de seguridad – es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo, sin perjuicio de que estas prácticas puedan realizarse de forma autogestionada por las mujeres y personas gestantes.
La realización de una IVE o ILE y la atención posaborto deben guiarse fundamentalmente por los principios y derechos establecidos en el artículo 5 de la normativa, entre los que se destacan el trato digno, la confidencialidad y la privacidad en el marco de la interrupción del embarazo.
Una vez que el sistema de salud recibe a la gestante, se lleva a cabo la primera consulta donde recibirá orientación e información. En la situación de las personas que tienen derecho a acceder a la IVE/ILE, la consejería consiste en el asesoramiento sobre todas las alternativas posibles en relación al embarazo, y en los casos en que los hubiera, los riesgos para la salud relacionados con dichas opciones.
La entrevista debe realizarse en un ambiente que garantice la privacidad y debe asegurarse a la persona que lo que se hable durante todo el proceso de atención y se consigne en la historia clínica es confidencial. Además, es importante aclararle que no se realizará ninguna práctica sin su consentimiento y ofrecerle que, si lo desea, puede estar acompañada en la consulta por una persona de su elección.
Si la persona desea continuar con el procedimiento, se iniciará el proceso de consentimiento informado, que consta de un documento escrito, del cual debe quedar constancia o ser adjuntado en la historia clínica, donde la persona manifiesta haber recibido información y decidido en forma autónoma, libre de presiones de cualquier tipo, y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos, interrumpir el embarazo que cursa. Este documento debe ser firmado por la persona quien solicita el aborto y si fuera necesario por quien la asista.
Luego de la firma del consentimiento informado, el aborto debe garantizarse en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento.
Más información en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-las-personas-con-derecho-la-interrupcion-voluntaria
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