En nota publicada por el Diario Clarín, y que lleva la firma de Macelo Cantón, se da cuenta de un sistema llamado APP -Asociación Pública Privada- a través del cual el Gobierno nacional tiene prevista la realización de varias obras públicas por una suma que rondaría los 100 mil millones.
La idea propiamente dicha es transformar en autopistas tramos de rutas nacionales, entre ellas la 226.
De acuerdo a lo que consigna Cantón, el régimen APP está creciendo en los países en desarrollo “a pasos acelerados. Y aquí el Gobierno lo quiere poner en marcha como una forma de seguir impulsando la obra pública sin que el permanente crecimiento de la deuda pública encienda luces amarillas en el sistema financiero internacional. Usarán parte de los impuestos a los combustibles y, en algunos casos, peajes, para repagar la construcción”.
El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich confirmó que “las licitaciones serían en octubre, y los contratos arrancarían en abril del año próximo, cuando vencen las actuales concesiones de los corredores viales”. La ley de APP fue aprobada en noviembre pasado y reglamentada en febrero.
Los corredores a licitar, hasta ahora, son 9, entre los que se encuentra la Ruta Nacional 226, entre Mar del Plata y Olavarría. Vale consignar que durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli se completó el tramo doble mano entre Mar del Plata y Balcarce, similar al que va de Azul a Olavarría.
Las otras obras previstas son en la Ruta 3 hasta Coronel Dorrego; la Ruta 5 de Luján a Santa Rosa; la 7, en distintos tramos. Luján, hasta Luján de Cuyo; la 8 de Pilar a Villa Mercedes; la 9, entre Campana y Rosario; la 12 de Corrientes a Iguazú; la 9 de Santiago del Estero a Tucumán y Salta.
Esas rutas, en general, ya tienen peajes. Y se seguirá pagando, con “valores razonables”, dice Dietrich. Esos recursos se usarán para el mantenimiento. Pero en el caso de los tramos de mucho tráfico, que podrían generar excedentes, se usaría parte del dinero del peaje también para repagar las obras.
Este mes, en una gira que terminó hace una semana, funcionarios de Transporte estuvieron promocionando esta licitación en España, Francia e Italia: buscan potenciales interesados. Es que hace falta espalda financiera fuerte para encarar ese negocio: en Transporte suponen que cada grupo podría tener que financiar hasta US$ 300 millones antes de empezar a cobrar, ya que el repago empieza con las obras terminadas.
En el data room que arrancará en agosto se discutirán los pliegos de la licitación: el Estado presentará un texto y espera que los privados aporten ideas para incorporar. Así quieren evitar que queden fuera de la licitación empresas por no cumplir con algún requisito que se pueda modificar. La licitación en sí sería en octubre.
Según fuentes privadas, las complejidades de la APP pueden hacer que demore en su arranque. Ya hubo una primera frustración: una empresa mexicana se fue dando un portazo después de que no le contestaran su propuesta de hacer cárceles con este régimen por US$ 1.000 millones. Ahora el Gobierno pretende que las petroleras financien con este sistema el tren de Bahía Blanca a Vaca Muerta. Hay tironeos. Pero el proyecto más avanzado es el de las rutas, coinciden funcionarios y privados. Allí están puestas las fichas, consigna finalmente la noticia publicada en el diario capitalino.
Eco – Clarín
