A Belmonte, después de los colchones, le mandan el sueldo a la cárcel; guerra sin cuartel entre Pulti y Gilardi

Cuál métodos mafiosos, propios de Al Pacino y Marlon Brando en la ficción, hay un pase de facturas entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales. La organización sindical, tras las denuncias que se han recibido sobre Eduardo Bruzzeta, no lo respaldó, subió la apuesta y aconsejó una intervención de la dependencia, que en los hechos también reporta al doctor Adrián Alveolite, envuelto en el cúmulo de denuncias.

Así se desprende del decreto que firmó el intendente Pulti, habilitando a Juan Carlos Belmonte a percibir “salarios caídos”, mientras detenido aguarda que la justicia lo investigue por ser el jefe de una asociación ilícita, en el área de registros de conducir en la Municipalidad.

A medida que aparece más comprometida la suerte de Belmonte, por su participación en una cantidad de delitos de difícil mensura, aunque el fiscal Fernández Garello no pierde oportunidad, de aseverar que el perjuicio al erario público alcanza una cifra varias veces millonarias.

Belmonte no ha declarado y lleva ya 21 días detenido en la Unidad Penitenciaria de Batán, habiéndose rechazado un pedido de excarcelación extraordinaria recurrido ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, tras la denegatoria de juez de Garantías Saúl Errandonea.

El decreto nº 0969 del 22 de abril, que excluye a Belmonte por su amparo en el fuero sindical (revisor de Cuentas de la Comisión Directiva del STM), fue firmado por el secretario de Gobierno Pablo García y el intendente Gustavo Pulti. El nuevo decreto excluye a Belmonte de la suspensión ordenada en decreto anterior, ya que el mismo goza de tutela sindical, que lo protege de una suspensión arbitraria. Para proceder a la misma, en el mismo decreto se requiere a la Procuración Municipal que, a través de la Dirección de Asuntos Judiciales solicite previamente ante las autoridades competentes la exclusión de la tutela legal que gozan los representantes sindicales.

Lo que aduce Pulti, prueba que él, sin consulta de los organismos jurídicos de la municipalidad, decidió quitarle los fueros sindicales a Belmonte, o bien es una maniobra, en la que ahora acusa a la Dirección de Asuntos Judiciales. Además, si la justicia prueba que Belmonte defraudó al municipio, es grave injuria, que de ninguna forma se puede soslayar, aduciendo que tiene tutela sindical.

La sensación es que tiende a ganar tiempo para seguir protegiendo al delegado gremial y puntero de Acción Marplatense.

Como prueba debemos remitirnos a lo que indica el artículo 52, del Estatuto de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, donde se contempla claramente las situaciones como las que atraviesa el delegado municipal Juan Carlos Belmonte, y expresa “Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido el empleador, dentro del plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o en mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa”

Previamente, en el mismo decreto Pulti, admite un error, pero surge a través de la firma y fecha del decreto que el Departamento Ejecutivo, no había adoptado medida alguna pese a la grave situación judicial de Belmonte, lo cual resulta demasiado sugerente, y es complementaria a la excesiva morosidad del Departamento Ejecutivo en actuar en una dependencia viciada de irregularidades, que el propio Estado debió haber salvaguardado no sólo por el perjuicio económico, sino por la seguridad en la entrega de licencias de conducir, como también lo ha afirmado el fiscal General Fernández Garello.

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