El poder se feudaliza y crecen las “oligarquias institucionales”

Por el licenciado Abel J.C. Ayala

Max Weber (1864-1920- jurista, filósofo y sociólogo alemán considerado uno de los fundadores del concepto de modernidad y del estudio de la administración pública) afirmaba que la esencia del Estado consistía en su capacidad para garantizar la aplicación de las leyes. En términos prácticos, hablaba de la necesidad de la existencia legal del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de la Ley. De este modo, Weber definía al Estado como “una comunidad humana que reivindica el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado”.

Pero cuando esa capacidad no existe o es cuestionada, inmediatamente aparece el desorden que trae detrás suyo la anarquía. La definición de Weber abarca todo tipo de estados, ya sea una democracia occidental o un Estado dominado por un “gobierno socialista” como Cuba, donde su esencia sigue siendo la misma y única: la capacidad de imponer la ley, lo cual acarrea de suyo el cumplimiento de las normas.

Esta concepción deja de ser una cuestión ideológica de “izquierdas” o de “derechas” ya que todos los gobiernos del mundo, estén situados a la izquierda o a la derecha, pretenden preservar el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. La dureza de los extintos regímenes comunistas es la prueba más evidente de que la preservación de la autoridad del Estado es una necesidad universal.

El nacimiento del Estado moderno en Europa, hace unos cuatrocientos años, se produjo cuando las monarquías francesa y española pudieron proporcionar leyes, seguridad y orden a la sociedad, lo que permitió el desarrollo de las fuerzas productivas.

En el viejo sistema feudal, donde los “señores de la guerra” dominaban a su gusto amplias extensiones de territorio, era imposible el tráfico mercantil y el traslado pacífico de los ciudadanos. Un facsímil de aquella época hoy es Afganistán, donde es evidente la inexistencia de un Estado que pueda ejercer el monopolio de la fuerza en toda la extensión del territorio.

La imposición de la autoridad del Estado debe ser una función constante e ininterrumpida, habida cuenta que en forma permanente es cuestionada su autoridad por grupos de intereses que pretenden organizar complejos económicos bajo normas no siempre legales, con el único fin de logros individuales o grupales totalmente marginales. El ejemplo más significativo de que esto es así es el fenómeno de las “mafias” en el sur de Italia, que pese a los esfuerzos de sucesivos gobiernos italianos de todo signo, no han conseguido ser erradicadas del todo.

Cuando los grupos que se apartan de la legalidad del Estado consiguen sus objetivos y conforman un poder económico, crean sus propias estructuras, y porque no decirlo, sus propios ejércitos. Sirva como ejemplo en nuestro país las consecuencias y los hechos que ha producido el llamado “fenómeno de la efedrina”. No es casual que estos sectores utilicen formas de represión violenta que, como son clandestinas y no pueden utilizar alguna forma de graduación de penas, terminan acudiendo al asesinato mafioso como única forma operativa.

Pero el fenómeno de la erosión del poder del Estado no sólo se reduce a la presencia de organizaciones criminales que trafican con drogas o a monopolios ilegales en algún sector de la economía (por ejemplo: la recolección de basuras en el sur de Italia, expresamente en Nápoles, donde la mafia maneja este negocio y el desastre cometido supo llegar a tal extremo que recientemente la Unión Europea ha amenazado a Italia con multarla por esta razón).

También hay formas encubiertas de ilegalidad que simulan actuar en la legalidad y extienden su poder e impunidad de forma irracional y hasta cruel por la falta igualitaria de la ley. Sirva como ejemplo la “trama de los medicamentos” recientemente descubierta en la Argentina, que demuestra la utilización abusiva y mafiosa de control sobre las obras sociales, consecuencia de un viejo privilegio corporativo que los sindicatos consiguieron arrancar hace muchos años a la dictadura militar de Onganía.

Así lentamente van creciendo las “oligarquías institucionales”, nacidas al abrigo del Estado por su inacción, lo cual conforma un estado de anarquía que consiste básicamente en la elusión de la aplicación igualitaria de la ley con el fin de medrar mediante el uso de algún privilegio corporativo.

El enriquecimiento personal de algunos dirigentes sindicales en la Argentina, que se perpetúan en la conducción de sus respectivos gremios, es la demostración más acabada de la existencia de estas formas oligárquicas o corporativas de medrar creando una estructura de poder al amparo de un Estado solo en estado de contemplación.

La “moyanización” de la cual hoy ya muchos hablan, que implica algunas formas de extorsión violenta para aumentar su poder de recaudación para aumentar su masa de afiliados y su poder de movilización para presionar al Estado, es la evidencia notoria del poder que alcanzan estas oligarquías institucionales. Valga recordar lo que significó para Jhon Kennedy en su momento el dirigente camionero de su país Jimmy Hoffa.

También el gremialismo empresario tiene su paradigma de oligarquía institucional en la figura de CAME hoy llamada Cámara Argentina de la Mediana Empresa, ex Cordinadora de Actividades Mercantiles en su nacimiento y creada en épocas del último proceso militar con la anuencia y colaboración del ex ministro general Liendo. Hoy el presidente de CAME Osvaldo Cornide sigue siendo el mismo que el de su fundación, que fue abonado al avión presidencial en casi todos los viajes en época de Menem y hoy abonado a los actos oficiales del Olivos y de Casa de Gobierno y también al avión presidencial en muchas oportunidades.

Tal es el grado de desarrollo de las oligarquías institucionales, que ya están tendiendo a desviarse hacia la categoría de monarquías si observamos las continuidades por herencia que se están produciendo básicamente en el sector gremial sindical.

Los actos ilegales, la corrupción, la extensión del poder de las oligarquías institucionales o la ocupación de las vías públicas para reivindicar fines particulares que hoy vivimos, es la manifestación más elocuente de la ausencia del Estado.

Entonces, cuando el Estado está ausente, aumenta el poder de los grupos corporativos y de las agrupaciones políticas que cuestionan el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, porque de última, consideran que la legalidad del uso legítimo de la fuerza es de ellos. Este fenómeno ya lo observamos cuando algún personal autorizado por el Estado para ejercer el uso legítimo de la fuerza frente a un hecho que lo justifique, reciben como contraparte la respuesta: “a mí no me podés tocar”

De este modo, lentamente, nos vamos deslizando hacia un estado de anomia que nos conduce, de no ser modificado, inexorablemente hacia un modelo de gobierno feudal, que puede desarrollarse al amparo de la dispersión del poder y de la incertidumbre sobre cuál es la institución que puede garantizar el uso legítimo de la fuerza para garantizar el cumplimiento de la ley.