El martes 1 de octubre el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, recibió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina a un grupo de legisladoras nacionales y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática de la trata de personas.
En un clima de diálogo fraterno y profunda escucha de las experiencias y propuestas, se conversó sobre diversos aspectos que plantea este delito.
Reflejamos aquí algunas de las intervenciones:
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL (SERPAJ): “Nos reunimos para generar conciencia crítica, valores en la población, la respuesta a dar como sociedad, la educación. Cómo se esta avanzando para poder superar esta grave situación”.
NORA CORTIÑAS (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora): “Estoy muy agradecida en nombre de las Madres. Estamos aquí para ver cómo se saca de los cajones de los funcionarios y legisladores estas leyes que han dado tanto trabajo y que se tarda tanto en reglamentar. En nuestro país la trata de personas es muy grave. Tenemos que salir adelante para controlar y terminar. Agradecemos al Obispo esta oportunidad para reflexionar y para salir adelante. Si nos lo proponemos vamos a poder solucionar este drama. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí”.
Senadora MARÍA EUGENIA ESTENSSORO: “Es muy importante que la Iglesia forme parte de esta iniciativa junto con organismos de Derechos Humanos y otros actores sociales ante la inacción del gobierno nacional y de muchos gobiernos provinciales. El Poder Ejecutivo no ha reglamentado una ley que se votó el año pasado. En el Congreso se está reduciendo el presupuesto del Consejo de la Mujer, Ley de Violencia de Género. Hay una actitud más de restar que de sumar. También para concientizar a la sociedad de la gravedad del problema. Hoy hay más visibilidad y hablamos más de la trata. Las organizaciones nos han manifestado la gravedad de los casos de explotación infantil, niños, niñas y adolescentes. Problemas que se van agravando día a día mientras las autoridades arrastran los pies”.
Diputada MARGARITA STOLBIZER: “Como conclusión de la reunión hemos quedado en volver a reunirnos en un tiempo prudencial y lógicamente después de las elecciones para trabajar con una agenda vinculada con cuestiones operativas desde la cooperación. El objetivo principal de la reunión fue manifestar nuestra preocupación por la falta de reglamentación de una ley surgida en el año 2008, reformada en diciembre del 2012 y que, al día de hoy no se ha reglamentado. Se suma a esto la falta de asignación de partidas vinculadas a estos programas. El presupuesto para el 2014 recientemente aprobado en Diputados no cuenta con partidas suficientes sino, al contrario, advertimos la disminución de partidas vinculadas con programas sociales. A esto agregamos la falta de datos e información estadística. Esto revela una despreocupación vinculada a las políticas públicas para atender estas cuestiones. Hemos partido de las conversaciones con personas que trabajan en este tema y quedamos en seguir haciéndolo a través de un conjunto de redes. Es necesario trabajar en la sensibilización de la comunidad porque creemos que el compromiso de la sociedad es fundamental para evitar este tipo de delitos. Advertimos cómo se toma el sistema penal como mecanismo para abordar problemáticas que son de origen social. Hoy no hay ninguna duda de que la extrema vulnerabilidad social es la que opera para crear el terreno propicio a este tipo de situaciones y, por lo tanto, también es necesario trabajar en la actuación de las políticas públicas en el área penal para crear un sistema de protección social. Hay que trabajar sobre la economía del delito. Son delitos que mueven demasiados recursos y, al tratarse de un origen de tipo social, también es necesario pensar en una salida laboral para las personas que vienen sufriendo explotación sexual. Hemos quedado en reunirnos, en traer una agenda y, por supuesto, continuar el reclamo al Poder Ejecutivo, que es quien tiene que reglamentar la ley que lleva tanto tiempo de deuda. El sistema judicial revictimiza a las víctimas del sistema. Hay que producir reformas conceptuales, culturales, filosóficas y también en los procedimientos penales. No puede ser que tengamos que confirmar el testimonio de las mujeres víctimas. El fiscal Colombo ha dicho hace algunos días que los jueces que tienen a su cargo la investigación de estos delitos creen que las mujeres liberadas de las mujeres de trata mienten cuando van a los juzgados a declarar. Esto termina siendo perverso para la mujer que entra en una situación de revictimización. Debe existir un control de la sociedad con respecto a cómo se ejercen estas funciones judiciales en la investigación de estos delitos”.
Diputada VICTORIA DONDA: “Presentamos un Programa de Protección Integral a testigos con un ámbito específico para las víctimas de los delitos. Delitos que, además, por las características que tienen, son complejos, imposibles de cometer sin la complicidad de una parte del Estado. El Poder Judicial, como parte de esta sociedad, es uno de los agentes que debe intervenir para la solución de estos casos. Los prejuicios, las cargas emotivas y culturales que traemos todos operan para que muchas veces lamentablemente estos casos terminen impunes. La prueba de esto es cómo actuó el Poder Judicial en la provincia de Tucumán. Este es el caso en el que el poder judicial se arrodilla ante el poder político. Condenar a los últimos eslabones de la cadena significaba en Tucumán continuar con una cadena de complicidades y esto llegaba a personas que tienen hoy mucho poder en la provincia. Esto sucede en todas las provincias. Quienes somos miembros del poder Legislativo podemos hacer leyes, pero las leyes se plasman en lo personal y con el ejemplo. Tomemos por caso el del Presidente del Bloque de Diputados del FpV de Santa Cruz que planteó que los prostíbulos son necesarios para que los hombres se diviertan y para que no salgan a violar. Lo descripto, deja en evidencia una deficiencia muy grande como sociedad: personas así no pueden ejercer una responsabilidad dentro de un Estado que apunta a que no haya mujeres y hombres esclavos”.
En el marco de la incautación de bienes y penalización de clientes: la diputada VIRGINIA LINARES sostuvo que “parte de la incautación está en la ley. Habrá que ver en la reglamentación cómo se lleva adelante esto. Uno de los temas que tenemos que discutir es ‘sin clientes no hay trata’ como un tema de concientización social especialmente hacia los varones. Sabemos que hecha la ley hecha la trampa. Nosotros queremos trabajar fuertemente desde lo cultural para que el consumo de sexo se termine en la Argentina”.
