El proyecto de ley que propone ampliar los derechos de los y las jóvenes entre los 16 y 18 años de edad, que hoy no tienen acceso al voto, universal, igual y secreto, reconociendo derechos políticos a una franja etárea que hasta el momento no los tenían, ha despertado oposiciones en parte del arco político y social del país.
La discusión no es nueva, todos los avances de derechos desde las postrimerías de la modernidad, tuvieron defensores y detractores. Basta retrotraernos a las discusiones sobre la prohibición de prisión por deudas, la apropiación del cuerpo de los condenados para aplicar penas, la libertad de los esclavos o mas recientemente en nuestro país, que las mujeres dejen de ser consideradas por el derecho como incapaces relativas (Ley 17.711 del año 1968); para encontrar ejemplos que nos muestran que la sociedad no avanzo en el reconocimiento de derechos en formulas idílicas de consensos magnánimos, sino que claramente existió siempre confrontación entre aquellos proyectos políticos y sociales que pretende la ampliación de derechos con quienes bregan por una sociedad conservadora, normalizadora, procurando mantener situaciones de privilegios que resultan cada vez mas difícil de sostener y de argumentar.
Así, a no dudar que parafraseando a Bertolt Brecht, los mismos que hoy se oponen al proyecto de ley referido, están considerando que primero vinieron por el voto universal, igual y secreto (dentro del universo del sexo masculino) con la Ley Sáenz Peña, luego vinieron por el voto femenino y ahora lo hacen por el voto a los jóvenes.
Tienen sin duda otro proyecto de país, de sociedad, y van a contramano de la historia. Solo ello explica que hoy, a más de veinte años de la aprobación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (1989), todavía una parte de la población pretende discutir si los adolescentes son objeto o sujetos de derecho, como antes lo hicieron con las poblaciones afrodescendientes o con las mujeres.
El mismo grupo social y de dirigentes políticos que refrendo con su voto en el año 1995, con el 51%, un proyecto económico, social, político y cultural que nos sumergió como país en una profunda década de desigualdad, achicamiento del estado y dependencia económica, nos quieren decir ahora que los jóvenes no pueden votar…. porque no saben.
José Luis Zerillo, prof. Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Facultad de Derecho UNMDP, Director del Centro de Estudios Político Encuentro.
