?Varias agrupaciones se manifestaron durante la tarde de hoy en el centro marplatense al cumplirse 9 años de la Masacre de Avellaneda.
Entre las 16 y las 19, la calle San martin, Rivadavia, Belgrano y sus transversales desde Independencia hasta la costa estuvieron cortadas.
A continuación el comunicado oficial.
A 9 Años de la Masacre de Avellaneda
Hoy se cumplen 9 años de la Masacre de Avellaneda, una de las
represiones más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un
gobierno constitucional, que cobró las vidas de nuestros compañeros
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30
manifestantes heridos de bala.
La represión desatada el 26 de junio de 2002 fue planificada y
ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde respondiendo a los
reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores
justicialistas y radicales y las cámaras empresarias AEA, UIA, SRA,
ADEBA, coordinándolo con el entonces gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Felipe Solá.
Para ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión
del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura
y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con
carta blanca para matar.
Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que
seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre
seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de
piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares.
Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las
organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular
a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y
trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las
luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado, que no significaba
otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo
fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo.
El gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían
nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha.
Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones
sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el
accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo
en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a
Juan Arredondo en Lanús.
Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso
llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen
los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban
a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se
encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego
los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día
siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a
las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha.
El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida
anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia
represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas
durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de
unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización
multitudinaria, hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde
Avellaneda hasta Plaza de Mayo.
Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de
Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el
caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en
campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia.
Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende
gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene
en claro su culpabilidad como responsable político principal de los
asesinatos de nuestros compañeros Maxi y Dario. Hoy como siempre,
nuestra sentencia es clara, ¡Duhalde es candidato, pero a la cárcel!
De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de
presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es jefe de Gabinete,
fue uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Carlos
Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina
Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro y
apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la
Victoria. Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y él
también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña.
En cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio
y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y
materiales de aquellos crímenes, a los Duhalde, a los Solá, JJ
Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Soria, Genoud, Oscar
Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Los que hoy son expresiones de lo
más nefasto de la política están firmemente acomodados tanto en el
actual esquema político kirchnerista como en la oposición patronal.
Kirchner intentó cooptar y engañar a los compañeros, compañeras y
familiares de Darío y Maxi con la promesa de “investigar hasta las
últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión
investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que
tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a
la conciliación y la continuidad de la lucha nos permitió
encarcelar a Fanchiotti y Acosta.
La complicidad del Gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir
los archivos de la SIDE y permitir que Duhalde no se presente ante
la justicia. Política de impunidad que continúa hasta el día de hoy.
Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente
Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda), en los
Tribunales de Lomas y a todas las plazas del poder político logramos
que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con
condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el
juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas y
que fue monitoreada por la SIDE. Sin embargo, el fiscal federal
Miguel Angel Osorio se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de
prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.
La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales
responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra literalmente
cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo,
puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se
mueve por orden de la Secretaría General de la Presidencia, que
todavía no ha respondido por el informe solicitado por la fiscalía
en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios
duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes,
durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002. Se
manifiesta así, a lo largo de estos 9 años, el hilo conductor de
impunidad que une a los gobiernos de Duhalde y los Kirchner.
Porque la impunidad genera más impunidad: quienes dieron las órdenes
en la represión del Puente Pueyrredón hace 9 años ni siquiera fueron
investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el
gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos; y esa
impunidad avala que desde el estado se siga organizando la represión
de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los
luchadores por los distintos medios y mecanismos tan utilizados para
reprimir al pueblo.
Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Darío y Maxi. Y
vamos por el juicio a todos los responsables políticos. Así como
también seguimos denunciando la complicidad civil de los medios de
comunicación para incentivar y luego encubrir la masacre. Asimismo
denunciamos la complicidad de este gobierno para no enjuiciar a los
responsables políticos e intelectuales.
Estamos acá para denunciar que bajo el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y
asesina. Con la mirada cómplice del sistema penitenciario
bonaerense, el asesino Fanchiotti ha burlado su condena entrando y
saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que
incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad
para seguir funcionando con las redes represivas para atacar a los
luchadores. Asimismo la impunidad y la persecución a los que luchan
cuenta con la ayuda de las patotas de la burocracia sindical,
apañadas por la política gubernamental y que ya se han cobrado
varias víctimas, amedrentando persiguiendo y asesinando a nuestros
compañeros.
Hoy exigimos al gobierno nacional la urgente aparición con vida del
compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas
contra los genocidas de la pasada dictadura, exigimos el
esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, testigo en la causa
por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa
Fe, y exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga, todos
testimonios de la existencia de un aparato represivo actuante que
jamás fue desmantelado y que se entrelaza con las mafias del
narcotráfico, el delito, la trata de personas y los asesinos de la
dictadura impune.
Estamos aquí para denunciar que a 9 años de la Masacre sigue intacto
el aparato represivo responsable de la brutal represión. Que el
Gobierno que se autodenomina de los Derechos Humanos sigue
reprimiendo al pueblo que sale a luchar por vivienda, educación,
salud y trabajo digno. Que los Macri y los K no dudan acordar
rápidamente para reprimir brutalmente al pueblo como pasó en el
Parque Indoamericano, cobrándose la vida de los compañeros Bernardo
Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez. Que la
represión encubierta sigue siendo la herramienta principal de los
Gobernadores K para intentar disciplinar al pueblo en su lucha, como
lo demostró el caso de los compañeros Mario y Roberto López,
asesinados en Formosa por el gobierno de Insfrán. Luego de sostener
varios meses de acampe para que el Gobierno se decidiera a atender a
los compañeros Qom, sin obtener respuesta fueron desalojados entre
la policía y La Cámpora.
La impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la
participación de la burocracia sindical apañada por el gobierno.
Desde este acto, a seis días de cumplirse ocho meses del crimen de
Mariano Ferreyra -caído en la lucha contra la burocracia y contra la
tercerización laboral- celebramos la victoria popular que significa
haber llevado a la cárcel a algunos de los autores materiales de su
asesinato y a sus mentores, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y
Pablo Díaz. Al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso en la
lucha para que paguen todos los responsables -lo que incluye a los
empresarios, policías y funcionarios cómplices de los patoteros-,
para que Pedraza y sus matones sean efectivamente condenados, y para
terminar con el régimen negrero de las tecerizaciones.
Más de cuatro años después del fusilamiento del luchador docente y
militante revolucionario Carlos Fuentealba en Neuquén, sólo está
preso el asesino Poblete, mientras los que ordenaron la represión
siguen gobernando la provincia, donde también sigue impune el
asesinato del militante Lázaro Duarte a manos de patotas del MPN.
Mientras Sobisch y los responsables políticos de los asesinatos
están libres de culpa y cargo, se condena a los compañeros que
repudiaron el crimen. El actual gobernador Jorge Sapag es el garante
de la impunidad de Sobisch y es otro aliado del Gobierno Nacional.
Denunciamos la existencia de un aparato represivo impune que es
heredero del golpe militar del ¨76, que sigue actuando animado por
los mismos intereses económicos y sociales, lo que provocó desde
1983, 51 manifestantes muertos en movilizaciones populares y que
desde la era Kirchner suma 847 muertos por casos de gatillo fácil.
Los juicios a represores 30 años después llegan sólo a un grupo
reducido de genocidas, aislados de sus conexiones con el poder
político, capitalista y clerical. Luchamos por perpetua para los
miles de implicados.
Más de 5.000 luchadoras y luchadores están procesados. El Gobierno
alienta el juicio contra militantes populares, sociales y
políticos; asambleístas, ambientalistas en Guleguaychú, Vicente
Lopez, Andalgalá y Famatina; piqueteros y piqueteras; ex delegados
del Casino; Subte; trabajadores y trabajadoras de Kraft,
trabajadores ferroviarios, vendedores ambulantes y estudiantes de la
FUBA. El gobierno desata una cacería de brujas contra la
organizaciones populares, los primeros casos testigos son la
persecución a Roberto Martino, quien fue puesto en libertad
recientemente por la lucha popular, y la condena a Fernando Esteche,
Raúl “Boli” Lescano, y otros compañeros del MPR Quebracho, así como
Raúl Abregó del Polo Obrero de San Juan. Desde este Puente exigimos
la inmediata libertad de Carlos Olivera, La Gallega Karina Germano
López, Jose Villalba y Manuel Arias, así como la anulación de las
condenas y el desprocesamiento de todos los luchadores, entendiendo
que cuando tocan a uno, tocan a todos.
Este nuevo aniversario nos encuentra denunciando la movilización de
un enorme dispositivo represivo, a instancias del Gobernador Daniel
Peralta, contra la huelga docente y los petroleros de Santa Cruz.
Desde aquí compañeros y compañeras, nos hacemos parte de esa lucha,
que también es nuestra, con la fortaleza que solo la solidaridad de
clase posee y les decimos que no están solos, que ningún luchador
está solo, como nos enseño el ejemplo de Dario y Maxi.
Los reclamos que levantamos el 26 de junio de 2002, como en tantas
otras, están hoy tan vigentes como ayer. Digan lo que digan los
dibujos del Indec, la inflación galopante ha hecho caer millones de
argentinas y argentinos bajo la línea de pobreza sólo en el último
año, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos
jóvenes desocupados. El reclamo de un trabajo para cada desocupado y
desocupada, de un subsidio igual a la canasta alimentaria, de un
salario equivalente a la canasta familiar, de acabar con la
flexibilidad laboral y el trabajo en negro, se hacen cada día más
urgentes, no sólo en las barriadas del sur bonaerense en las que
militaban Darío y Maxi, sino también en todo el país. Denunciamos la
política económica del gobierno que enriquece a las grandes empresas
multinacionales, a los pooles de siembra con los grandes negocios de
la soja, que entrega nuestros bienes comunes naturales, y que se
sostiene en base a la pobreza y el trabajo precarizado de miles de
compañeros y compañeras.
Hoy los pueblos siguen levantándose y mostrándonos el camino,
enfrentando las crisis capitalistas que generan y nos quieren hacer
pagar. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones
populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de
África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles
para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen
resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas
imperialistas, como lo demuestra la gran movilización del pueblo
hondureño contra el golpe de estado del 28 de junio de 2009.
El gobierno nacional favorece al capital financiero pagando la
ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa cuando vuelve a haber
muertos por desnutrición, brotan epidemias que hacen estragos en la
niñez, y hay 5,5 millones de jubilados con la jubilación mínima de
$1200, a la vez que saquea la ANSES para obtener los recursos para
el pago de la deuda y subsidiar a los bancos y empresas con los
aportes sociales de las trabajadoras y los trabajadores.
Sus aliados son los Soria, los Insfrán, los Otahecé, el MPN, es
decir, lo más nefasto de la política nacional, llegando al límite de
poner como candidato a senador al mismísimo Carlos Menem.
Después de haber anunciado que otorgaría miles de puestos en el
Programa Argentina Trabaja sobre millones de desocupadas y
desocupados, sólo han inscripto a una mínima parte en el conurbano y
una vergonzosa cifra en algunas pocas provincias del interior. El
Gobierno coloca el Programa bajo control del aparato de punteros de
los intendentes y las organizaciones oficialistas. Luchamos por
trabajo para todos y todas, por la universalización del Programa sin
clientelismo, y reclamamos el aumento de los salarios, el pago de
cargas sociales, la entrega de ropa y elementos de trabajo y
seguridad. Reclamamos plenos derechos de organización sindical para
luchar por nuestras reivindicaciones laborales.
Seguimos señalando que el subsidio por hijo no llega a todas las
familias que lo necesitan ni a todos los hijos de los beneficiarios.
Su monto está congelado y carcomido por la inflación, y en vez de
incorporarlo al presupuesto el gobierno lo financia con los aportes
de las y los trabajadores a la ANSES. Asimismo el gobierno ha
eliminado y vaciado otros planes sociales, recortando la asistencia
a comedores escolares y populares, y a la juventud de las barriadas.
Frente a esta situación reclamamos un subsidio al desocupado igual
al costo de la canasta alimentaria; que se reabran las paritarias;
por un aumento mínimo del 35%; un salario igual a la canasta
familiar para las y los trabajadores del campo y la ciudad; el 82%
móvil para las jubilaciones; y que se ponga en marcha un verdadero
plan de vivienda popular y obras públicas.
Hoy más que nunca levantamos bien altas las banderas del movimiento
piquetero y de trabajadores desocupados, de la clase obrera de
conjunto, de las y los estudiantes, del movimiento de los campesinos
pobres, de los trabajadores y las trabajadoras del campo, y de los
pueblos originarios. Seguimos en la calle por nuestros reclamos de
terminar con la explotación y la miseria, y contra la represión del
estado y por justicia para nuestras compañeras y compañeros que
cayeron en el curso de esta lucha.
Desde este histórico Puente le decimos a los Duhalde, a los
Kirchner, a los Scioli, a los Macri, a los Alfonsín y a los De
Narváez, y a todos los que hoy llevan adelante este régimen de
hambre y miseria, que vamos a seguir peleando por trabajo, por
salario, por vivienda, salud y educación.
Repudiamos el intento del gobierno de manipular el histórico reclamo
de justicia mientras mantiene el aparato represivo y criminaliza la
protesta social.
Reivindicamos la independencia de las organizaciones populares
frente al Estado y los partidos patronales, y repudiamos la política
de cooptación oficial que desnaturaliza y destruye organizaciones
que son emblema de la lucha popular, como demuestran los casos de
Schoklender y el Inadi.
Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos
memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir insistiendo y
vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil
desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en
protestas sociales; los más de 3 mil asesinados por “gatillo fácil”
desde 1983; y para revertir esta realidad con la que quieren
condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es
nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine
con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación
que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera
y el compañero junto al que salimos a luchar, y la intransigencia y
consecuencia en esta pelea.
Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso
seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se
olvida, no se negocia.
