Resulta absurdo observar como el pasado está tan naturalizado en nuestro presente que condiciona fuertemente nuestro futuro, y como la participación ciudadana se encuentra tan desacreditada como lo estuvo en la década de los 90, sobre todo considerando que el proceso que delinea las actuales transformaciones sociales se encuadra en un modelo político sustentado en la idea de “ser un proyecto nacional y popular”. Por lo tanto, ¿qué cambios existieron en las prácticas políticas para que creamos que esto es cierto?
Siempre se habló que nuestro país, desde sus inicios electorales, fundó su accionar sobre dos ejes fundamentales: el fraude y las prácticas represivas. Pasado el tiempo, vemos que estas prácticas arcaicas siguen marcando el devenir de nuestra historia, historia que sigue reinscribiéndose sobre las espaldas de nuestras futuras generaciones, haciendo que éstas naturalicen una construcción ciudadana sumida en el silencio ignorante de métodos clientelares.
Hoy en día, la realidad social se encuentra avasallada por la pobreza, la indigencia, la necesidad y la carencia. Esta situación, bienvenida para algunos sectores políticos, permite subyugar a una gran cantidad de ciudadanos tornándolos rehenes de aparatos clientelares centrados en la manipulación, y cuyo único fin es perpetuarse u ocupar un lugar estratégico en la Gestión.
La nueva Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires Nro. 14.086 establece en su Artículo 5 que todo partido político, agrupación municipal, federación o alianza transitoria electoral deberá cumplir con el requisito de reunir una determinada cantidad de adhesiones para su presentación. A su vez, en su Artículo 6, instaura que “cada ciudadano o extranjero inscripto en el registro previsto en la Ley Nº 11.700 –afiliado o no a alguna fuerza política- podrá manifestar su adhesión…”.
Como se puede observar, la Ley establece la posibilidad y no la obligación del ciudadano a manifestar su adhesión. Por lo tanto, ¿se puede considerar válida una adhesión cuando la persona es inducida a adherir a una organización política sin su pleno consentimiento? ¿Es eficaz este sistema? ¿Cuál es el real objetivo de su aplicación? ¿Cuál es la lógica que moviliza a estas agrupaciones que se han gestado dentro de un sistema democrático?
Estos últimos días han marcado el retorno de un sistema de prácticas ilegales (a la ley nos remitimos) cuyo objetivo es obtener a cualquier precio la cantidad adhesiones requeridas por la mencionada norma.
Actualmente, los asentamientos y las villas, sectores constituidos durante el proceso de centrifugación social que tuvo su momento de gloria en la década de los ´90, son escenario de artimañas abusivas, antidemocráticas, invisibilizadoras y clientelares, dejando a estos vecinos-ciudadanos en un lugar de no-decisión, de descalificación, de sumisión.
Algunas de las artes utilizadas en esta competencia desmesurada por la obtención de firmas y fotocopias de documentos hacen emerger en el territorio a representantes partidarios por mucho tiempo desmemoriados. Comedores vecinales, punteros políticos de camisetas diversas, administraciones, templos evangélicos, entre otros, son estimulados a funcionar como nexos de las diferentes agrupaciones políticas. La no verdad es el medio. Es así como los vecinos son intimados a presentarse con las fotocopias del documento y a firmar una lista (de adhesión) para seguir teniendo acceso a su bolsa de alimentos; o a completar un “formulario” para ofrecerse como fiscal de mesa para las próximas elecciones; o a “inscribirse” en programas productivos; o a “completar la panilla” a cambio de un techo, entre otros subterfugios.
Ante esto, ¿es posible entender a la Nueva Ley Electoral desde una lógica democrática? ¿Promueve la equidad o invisibiliza? La Constitución de la Nación Argentina establece en su artículo 38 que la creación y el ejercicio de actividades de los partidos políticos “son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información publica y la difusión de sus ideas”.
Sin embargo, el requisito de garantizar una determinada cantidad de avales puede pensarse como un obstáculo para la libertad de acción de los partidos minoritarios o recientemente constituidos. Esta situación conduce a la conformación de amplísimos frentes multipartidistas o al debilitamiento de los mismos, consolidando aún más a los máximos exponentes políticos –como el Peronismo o el Radicalismo, teniendo en cuenta que éstos sí pueden reunir los avales requeridos- y promoviendo una disputa eleccionaria bilateral.
Como adelantamos al comienzo, prácticas políticas arcaicas siguen reproduciéndose y profundizándose en este período pre eleccionario. Condicionados por referentes partidarios, algunos comedores barriales desvirtúan su objetivo social actuando coercitivamente sobre las personas que concurren a los mismos, exigiéndoles la presentación de fotocopias de documentos y la firma de planillas para que “puedan continuar recibiendo la comida”.
O “en nombre de la fe” y ante la promesa de obtención de un recurso material para la institución se acuerda la entrega del aval de los “ciervos”, a los que se les promete empleo o un ingreso económico.
Asimismo, el discurso distorsionado de algunos punteros políticos que, ante el pretexto de pelear por los derechos de los más vulnerables, actúan represivamente ante los mudos rehenes que temen expresar su desacuerdo por miedo a las futuras consecuencias.
Este es el escenario en el cual coexisten y operan las diversas organizaciones emplazadas en el territorio. La mercantilización de la participación ciudadana esta en su apogeo. Ante esto debemos preguntamos ¿Qué tipo de ciudadanía estamos promoviendo? ¿Qué tipo de sociedad estamos generando?
Más allá de la respuesta, se debe entender a éste como “el” tiempo de cambiar el presente para que las generaciones futuras puedan consolidarse como una sociedad que tiene su basamento en la participación, en el consenso, en la diversidad y en el respeto por el otro. Entendemos que, de perpetuarse el estado actual, se acrecentará la intolerancia, el descreimiento y la violencia.
En este sentido, es necesario rever y debatir, desnaturalizar y proponer. Es necesario impugnar las actuales prácticas que engendran inequidad, cuestionando el modelo de construcción social, cultural, política y económica de aquellos que dicen construir un futuro inclusivo pero que no nos invitan, ni siquiera, a discutirlo.
Grupo de trabajo AUDAX
