Es una medida de neto corte político electoralista, destinado a confundir a la población y mantener una expectativa que frene los desbordes, que se producen por hechos de inseguridad. Scioli había prometido en Mar del Plata en 2007 (cuando inauguró el Gran Hotel Dorá como perteneciente a la UOCRA) la incorporación de 10.000 policías en un acto en el que participaron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el intendente Gustavo Pulti. En ese mismo acto Scioli también prometió que iba a asfaltar en Mar del Plata 9.393 cuadras (ver archivo).
Ahora el parche es incorporar civiles, para sacar a la policía a la calle que no tiene que desplazarse, o bien porque no tiene móviles o por que los mismos carecen de combustibles o están dañados esperando la baja del parque automotor de la policía bonaerense.
También es sorprendente la declaración del director de Plan Integral de Seguridad Ciudadana, doctor César Ventimiglia que manifiesta haber bajado el delito en algunas zonas de la ciudad, cuando no cuenta con datos confiables, y entra en el deporte de la difusión de estadísticas falsas como los índices de inflación, la pobreza y el movimiento turístico. Es decir el mismo modelo oficialista de difundir el engaño en cifras que se propagan y se reiteran irresponsablemente.
Ventimiglia escuchó con más de 20 testigos que asistieron al Concejo Deliberante, que la policía está al borde mismo del funcionamiento. Sólo escuchar al jefe Departamental Lorenzo Velázquez, expresarse sobre la optimización de los recursos es elocuente “hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, da la pauta de la situación reinante.
La incorporación de 2 mil personas, que reemplazarán a los policías que hacen ese trabajo. Así, buscan que haya más efectivos en la calle
Con la premisa de “sacar a la calle” a todos los efectivos policiales que actualmente cumplen tareas administrativas en las comisarías y otras dependencias de la fuerza, el gobierno bonaerense lanzará una convocatoria para incorporar a 2 mil civiles para que los reemplacen en esas funciones.
La idea oficial es que aquellos que quienes ingresen para trabajar en las comisarías tengan entre 18 y 35 años y estudios secundarios completos y puedan sumarse a la fuerza policial, aunque únicamente para tener a cargo distintos trámites burocráticos que se realizan en las seccionales, como confección de formularios, atención al público y diligencias ante los juzgados, entre otros.
Con esta medida, el gobierno de Daniel Scioli busca reforzar con unos 1.500 policías que hoy se dedican a cuestiones administrativas, las tareas de prevención, en la vía pública, en las zonas calientes del delito en la Provincia.
La decisión llega, además, cuando la inseguridad se mantiene al tope de los reclamos de los bonaerenses.
Este personal civil, según trascendió en fuentes oficiales, no deberá realizar adiestramiento ni ningún tipo de capacitación policial, es decir, no tendrán que aprobar los entrenamientos que los aspirantes a integrar la fuerza de seguridad están obligados a cursar en la Escuela Vucetich.
Es que si bien estos futuros empleados ingresarán en el escalafón administrativo de la fuerza, no portarán armas.
La convocatoria lanzada por el ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia establece además que estos civiles desempeñen tareas en comisarías y dependencias policiales de su zona de residencia.
MAS A LA CALLE
“Cuando esta medida se ponga en práctica, no va a haber en las comisarías ningún policía en condiciones operativas de hacer tareas de prevención”, dijeron en el ministerio que conduce Ricardo Casal.
De acuerdo a las primeras estimaciones, estos 2.000 agentes civiles podrían comenzar a desempeñar funciones en unos tres meses, luego de atravesar un proceso de selección.
La medida, como se dijo, apunta a que se sumen a las tareas de prevención de delito unos 1.500 agentes policiales que realizan trabajos burocráticos tanto en comisarías como otras dependencias policiales.
Así, se buscará profundizar la política de llevar más efectivos a la calle, que arrancó apenas asumió Casal con uno 450 uniformados que cumplían funciones en la sede ministerial.
Luego, el ministerio de Justicia y Seguridad sumó a las tareas de prevención a otros 300 policías, que fueron sustituidos por agentes penitenciarios retirados en las tareas de custodia de edificios y traslado de detenidos.
Además, otros 300 dejaron de custodiar detenidos en comisarías a partir del traslado de presos a unidades penales o alcaidías recientemente inauguradas. De hecho, por esa causa, muchos calabozos ubicados en dependencias policiales fueron clausurados.
Actualmente existen unos 2.200 detenidos en comisarías, un número que oficialmente se dice que será reducido con el correr de los meses. Por caso, en La Plata se inaugurará la próxima semana una alcaidía en el complejo carcelario de Olmos y otra en un edificio contiguo a la Unidad 9. Con esas dos medidas buscarán bajar la cantidad de presos alojados en dependencias policiales.
La convocatoria a los 2.000 aspirantes comenzará en las próximas horas. Y los interesados podrán recabar informes ingresando a la página web del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense (www.mjys.gba.gov.ar)
