Un nuevo capítulo en el escándalo por el manejo de OSPRERA, la gigantesca obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) – tiene casi 760 mil afiliados- se desató en las últimas horas luego que el gobierno de Javier Milei desconociera un fallo judicial que ponía en suspenso la intervención dictada a comienzos de agosto.
A través de un fallo del juez federal de La Pampa, Juan José Baric, el gremio conducido por José Voytenco – quien también figura como titular de la obra social de los peones rurales-, logró que le devuelvan el control de la mutual y se dejara sin efecto el proceso de intervención iniciado desde la Superintendencia de Servicios de Salud.
Contrariamente a lo planteado por el gobierno nacional sobre los presuntos “gravísimos incumplimientos” surgidos a través de una auditoria, el magistrado afirmó que “en el análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023 se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido” reseña el sitio Data Gremial.
Según había asegurado el Gobierno Nacional, los análisis contables arrojaron “la dificultad en la liquidez y solvencia de la institución, así como también un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo. La deuda prestacional a marzo de este año es de $43.949.000.000, un 63% más que la que tenía al 30 de septiembre de 2023, es decir en apenas 6 meses”.
El gobierno de Javier Milei desconoce el fallo y ratifica la intervención de la obra social de la UATRE
En una postura no exenta de polémica – habitualmente se apelan los fallos para revertir la determinación y se dejan sin efecto temporalmente las medidas- el gobierno nacional decidió seguir adelante y cuestionó el accionar del Juez
“A pesar de la resolución del Juez Federal de La Pampa Juan José Baric, la Superintendencia de Servicios de Salud confirma la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA) realizada por el Poder Ejecutivo Nacional y advierte sobre una decisión judicial de características inéditas que afecta la objetividad en la evaluación de los hechos y el debido proceso legal” señalaron en un comunicado.
En esa línea, defendieron el rol del organismo nacional que “volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud” y “avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante” enunciaron.
“El propio Juez, a través del interventor por él designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto del que rindió cuenta el último día hábil de la anterior gestión presidencial, al mismo tiempo que aumentaba la deuda prestacional de la obra social. Asimismo, fue el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara – a pesar de la crisis financiera de la entidad- sueldos millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio” indicaron.
