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El Gobierno nacional envió este jueves un proyecto al Congreso para reformar la Ley de Seguridad Interior y habilitar la participación de las Fuerzas Armadas ante presuntos hechos narcoterroristas.
El anuncio lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, pero ya había sido adelantado por el ministro de Defensa Luis Petri a finales de marzo de este año.
“Se plantea modificar la Ley de Seguridad Interior para incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un Comité de Crisis. Las Fuerzas Armadas pueden trabajar de forma coordinada con las fuerzas de seguridad”, sostuvo.
Adorni hizo además referencia, aunque sin nombrarlo, a la firma del denominado Memorándum de Entendimiento con Irán, suscripto durante la presidencia de Cristina Fernández Kirchner: “Hace años se firmaban pactos de silencio con los que causaban dolor y muerte a los argentinos, y hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley”.
El proyecto del Gobierno de Milei propone cambios en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior 24.059, que limita las actuaciones de los militares y permitiría que el Ministerio de Defensa disponga, en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo.
“Para lo cual, se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”, se afirma en el texto.
Entre los equipos técnicos de Seguridad y Defensa buscan permitir que los militares puedan tener mayor capacidad de intervenir en caso de que una autoridad competente declare actos de terrorismo.
Este punto hace referencia a un decreto que firmó Alberto Fernández en 2020, que desactivó la actualización que había hecho previamente Mauricio Macri durante su presidencia, para permitir que los militares puedan enfrentar “agresiones externas” que no sean sólo de Fuerzas Armadas de Estados Nacionales.
Fernández repuso la vigencia de un anterior decreto, firmado en 2006 por Néstor Kirchner, quien había les impidió cualquier tipo de intervención en cuestiones de seguridad interior. (DIB)
