…
Por Andrés Lavaselli
-Obvio que Petronas se va a ir a otro lado. Vos vas a intervenir dónde está Kicillof, ni de casualidad.
Con esa línea, respuesta exaltada a una invitación a explayarse que Alejandro Fantino le sirvió en bandeja durante una conversación que mantuvieron en su canal de streaming Neura, el presidente Javier Milei fijó una posición llamativa en la cuestión más importante que tiene entre manos la política bonaerense: ¿cómo asegurar que la multinacional malaya Petronas construya en Bahía Blanca la planta de licuefacción para exportar el gas que se extrae de Vaca Muerta?
La trascendencia estratégica del proyecto no puede exagerarse: supone la mayor inversión directa de la historia argentina (unos US$50 mil millones en 10 años) y por su impacto en las exportaciones tiene potencial para revertir uno de los principales déficits de la economía nacional, la escasez de dólares. Para Bahía Blanca implica, claro, un antes y después muy profundo, además de transformar a Buenos Aires en una provincia petrolera.
Pero esa importancia puso a la iniciativa en el centro de una disputa política de fondo: aunque el proyecto ya había sido anunciado en 2020 con Bahía Blanca con sede sin rivales a la vista (Kicillof como gobernador sin que eso fuera un obstáculo), luego de la llegada a la presidencia de Milei todo cambió. Ahora, el puerto bonaerense disputa la primacía con Punta Colorada, una terminal menos desarrollada en Rio Negro, provincia gobernada por Alberto Weretilnek, un aliado del Presidente.
La pregunta que hoy que divide las aguas es por qué ocurrió eso. Milei argumenta que es porque Buenos Aires no adhirió al RIGI, que le asegura a Petronas, el aportante del grueso del capital aunque el proyecto es en asociación con YPF, beneficios impositivos y cambiarios muy generosos, por el plazo de 30 años. Kicillof, en cambio, dice que eso es una excusa para una decisión que el Presidente tomó por otro motivo: jugar contra Bahía para perjudicarlo políticamente.
La respuesta que dio Kicillof a la intervención de Milei en Neura va en ese sentido: más allá de calificarlo de “trasnochado” y resaltar el tono liviano con el cual es Presidente se refirió al tema, el núcleo fue el pedido a las empresas de que definan la cuestión con “profesionalismo”. Detrás de esas palabras, late una sospecha del esquipo que el Gobernador armó para manejar el tema: puede que en el gobierno nacional haya menos unanimidad de la que parece en este tema.
La lógica que manejan cerca en La Plata es la siguiente: 1) Lo que le dijo Milei a Fantino expone a la luz pública que el Presidente juega en contra de PBA. 2) Pese a eso, la cuestión aún está abierta, no hay decisión final, no tanto porque falten pasos administrativos que cumplir (la carta con siete pedidos de especificaciones técnicas que el CEO de YPF, Horacio Marin, envió a Kicillof y Wereltinek) sino porque un ala del gobierno nacional tiene dudas.
Una alta fuente del gobierno provincial lo explica así: “Es obvio que le prometieron la inversión a Río Negro a cambio de los votos de sus diputados y los de Neuquén en la Ley Bases, pero a la vez los funcionarios técnicos que tienen que actuar, que poner la firma para que eso ocurra, saben que va a ser difícil justificar una negativa a Bahía, donde ya se hicieron estudios de factibilidad ambiental y se construyó infraestructura portuaria, educativa y sanitaria para el proyecto”.
Acertado o no, ese diagnóstico está en la base de la estrategia de la Provincia: aprovechar el tramo final de la pulseada, que acaba de abrirse, para avanzar con el proyecto de régimen de incentivos bonaerense que Kicillof anunció el lunes pasado y será remitido por el ministro de la Producción, Augusto Costa, a los bloques parlamentarios de UxP para su análisis la semana próxima. El desafío para el equipo que lo elabora es cumplir con la orden del gobernador: que sea una herramienta para dar certeza a los inversores sin colisionar con el RIGI ni ceder algunos puntos diferenciados que considera esenciales.
¿Cómo sería? A Kicillof le preocupa la cesión de soberanía que hace el régimen nacional. Podría haber algún artículo sobre esa cuestión. Pero lo central es que el proyecto provincial podría ser una jugada para adherir al RIGI sin decirlo abiertamente. Es decir, sin que el Gobernador pague el costo político de aceptar un régimen que criticó mil veces. Dato implícito: la negativa a suscribir el RIGI no es tan cerrada como parece. Los mecanismos para lograr esa especie de cuadratura del círculo se guardan bajo siete llaves, aunque DIB accedió a una de las alternativa cuya factibilidad legal se baraja: impulsar una adhesión “por proyecto”, para que esté habilitada en el caso de Bahía Blanca específicamente sin comprometer posición en otras inversiones.
El costado político de la controversia es evidente: Kicillof sabe que se expone a un doble frente. Si Bahía pierde la inversión, Milei argumentará que es por su culpa y buscará transformar todo en un caso testigo para atacar su gestión en una eventual campaña presidencial. Además, podría tener impacto negativo en todo el sur bonaerense, comenzado por la propia ciudad portuaria, que el peronismo acaba de arrebatar a PRO. A la vez, se expone a un cuestionamiento de signo inverso de parte del camporismo si aparece cediendo en un tema como el RIGI, en el cual Máximo y Cristina Kirchner ya sentaron posición.
