ALFA lanzó un comunicado pidiendo que se mantenga el statu quo para garantizar la seguridad jurídica y CAPeCA solicitó una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento para las especies cuotificadas de merluza. Necesitan saber qué pueden esperar del gobierno.
El tiempo pasa y nadie habla de la cuotificación a nivel oficial, no se discute en el ámbito del Consejo Federal Pesquero que es donde debe determinarse qué parámetros serán aplicados para la renovación de cuotas, si se renovarán automáticamente, si se aplicará el régimen establecido por la Ley de Pesca o si se buscará un método completamente diferente. En el sector empresario están preocupados, CAPeCA solicitó una reunión urgente y ALFA ha lanzado un comunicado bregando por la seguridad jurídica.
Quedan apenas dos meses para que venzan los quince años de concesión de cuotas de captura. El trabajo para determinar la redistribución bajo los parámetros de la Ley Federal de Pesca debería haber empezado hace mucho tiempo, pero las autoridades no lo hicieron y el sector no lo reclamó. La gran mayoría descansó en la idea de que se mantendría el statu quo por otros quince años. Pero con la llegada del nuevo gobierno libertario y del ministro al que nunca terminan de nombrar, Federico Sturzenegger, la situación cambió: la palabra ‘licitación’ comenzó a sonar con fuerza y ahora todos están preocupados.
La cámara que nuclea a barcos fresqueros de Mar del Plata, ALFA, publicó un comunicado poniendo el foco en la seguridad jurídica a la hora de hablar de cuotas: “Varios son los eslabones que intervienen en esta enorme cadena de producción. Para asegurar un mejor desarrollo de cada uno de ellos —desde un gran frigorífico, hasta una pequeña pescadería—, es necesario contar con reglas de juego preestablecidas. Es decir, con seguridad jurídica”.
El ejemplo de seguridad jurídica citado, obviamente son las cuotas de merluza; y señalan al respecto que saber con qué volumen de captura se cuenta al inicio de cada año, les permite desarrollar la cadena productiva con previsibilidad y que este marco legal sólido y confiable permite fomentar la inversión privada. Además, aseguran, de contribuir a una mejor competitividad, creando “un entorno propicio para el desarrollo de negocios atrayendo talento, innovación y permitiendo un crecimiento económico sostenible”.
“En este sentido, las CITC deben ser renovadas en las mismas condiciones que imperan en la actualidad, ya que es un ejemplo de cómo, en los últimos quince años de vigencia, la industria pesquera extractiva y productora ha sabido trabajar y regular sus capturas e inversiones, trabajando en la protección de los recursos”, sentaron su postura desde ALFA.
“Es por todo lo expresado, que resulta de vital importancia para las industrias pesquera y naval, con alta carga de personal y una constante demanda de inversiones y amortizaciones a largo plazo, contar con seguridad jurídica”, concluye el comunicado difundido a través de su cuenta de X.
Es la primera entidad empresaria, superada la instancia de negociación por la Ley de Bases, que hace pública su postura. El resto de las cámaras no se han expresado y por el momento el único movimiento conocido es la solicitud de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina (CAPeCA) de la realización de una reunión para abordar el tema.
A través de una nota dirigida al subsecretario de Pesca, Juan Antonio Cazorla, solicitaron que se realice a la brevedad la reunión de Comisión de Seguimiento de las especies de merluza cuotificadas: merluza común, merluza de cola, merluza negra y polaca. De estas reuniones forma parte el Consejo Federal Pesquero.
“Este pedido se realiza ya que creemos que es de vital importancia tanto para el Consejo como para las empresas poder tener un continuo diálogo a través de estas comisiones para que la actividad tenga dinámica y mejoras en el día a día”, dice la nota. Pero en realidad lo que se busca es tener algún tipo de certeza sobre los planes del gobierno en torno a la cuotificación.
En el sector empresario quieren saber a qué se van a enfrentar, cuál será la dimensión de la batalla, si deberán prepararse legalmente para ir contra una decisión de licitación que podría violar la Ley de Pesca por no estar contemplada o si se tratará de otro tipo de negociación dentro de los parámetros que establece el artículo 27 de dicha ley.
