Política

La Provincia pone en marcha la tarifa social para contrarrestar los aumentos de la luz

En medio de la fuerte suba de las tarifas de los servicios públicos que implementó el Gobierno de Javier Milei, la Provincia puso en marcha un mecanismo para asistir a la población de menores recursos. Se trata del régimen provincial de tarifa social para la luz que ya existía, pero ahora la administración de Axel Kicillof hizo algunos cambios para beneficiar a más bonaerenses.

Por medio del Decreto 940, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió ampliar el universo de beneficiarios de la tarifa social eléctrica para incluir a 1,3 millones de bonaerenses perjudicados por la quita de subsidios.

La disposición se ejecutará de forma automática, sin ningún tipo de inscripción, e implica que la tarifa social pasará a aplicarse a todos los hogares con ingresos menores a los $870.000, pertenecientes al grupo N2 del padrón de segmentación nacional. De esta forma, se incrementa la cobertura desde los 1,7 millones de beneficiarios actuales a 3 millones.

Para ello, la administración de Kicillof anunció que se invertirán $53.600 millones en concepto de tarifa social eléctrica provincial, aumentando así un 184% el presupuesto utilizado el año pasado.

En concreto, el decreto del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos estableció que pondrá en marcha “el régimen provincial de la tarifa social de energía eléctrica que se aplicará a través de una bonificación a los/as usuarios/as beneficiarios/as, el que será establecido por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, de acuerdo con las partidas presupuestarias destinadas al efecto en esa repartición”.

Además, se encomendó a la cartera que conduce Gabriel Katopodis “en su carácter de Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio Eléctrico, la determinación de los criterios de inclusión y/o exclusión en la referida tarifa social, la metodología y su mecanismo de implementación, fijación y reconocimiento de la bonificación”.

En tanto, se ordenó “reducir la alícuota establecida por el artículo 4º inciso a) del impuesto creado por el Decreto-Ley Nº 7290/67, al cero coma cero uno por ciento (0,01 %) para los/as usuarios/as residenciales beneficiarios/as de la tarifa social en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires“.

En los fundamentos de la normativa, se indicó que “las medidas impulsadas tienden a velar por el derecho humano al acceso a la energía eléctrica, indispensable para alcanzar o cubrir las necesidades básicas para el desarrollo integral de la población”.

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