La Cámara de Diputados rechazó hoy un pedido de apartamiento para tratar un declaración de repudio contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien acaba de ser procesado por presunto abuso sexual.
La moción fue presentada por la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien pese a ser una avezada conocedora del reglamento, ignoró que para que pudiera ponerse en consideración el apartamiento de reglamento debía existir un expediente o texto para que los legisladores pudieran discernir qué es exactamente lo que estaban votando.
“No hay que hacer silencio. El procesamiento es una instancia judicial donde hay una semiplena prueba de que estos hechos sucedieron. Y como siempre decimos, hay una víctima donde en primera instancia siempre decidimos creerle y escucharla, lo que no quiere decir que eso invalide la investigación judicial ni que asigne culpabilidades antes de que lo determine la Justicia”, fundamentó la diputada del PRO.
Lospennato también dijo que le “gustaría que la Legislatura de la provincia tuviera una decisión ejemplar pidiendo como mínimo la licencia del intendente procesado”.
Luego tomó la palabra Cecilia Moreau quien reprochó que no haya un expediente para saber qué era lo que se proponía someter a votación para el apartamiento de reglamento, y le propuso a Lospennato acordar con la presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha, la redacción de un texto durante la jornada.
“Me parece que lo que están haciendo es una paparruchada. Esto no es defender a las mujeres ni ponerse del lado de las que son víctimas de situaciones de mierda que atravesamos muchas veces las mujeres”, contraatacó la diputada massista.
“Los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante cuatro años el procesamiento por abuso sexual en reiteradas contra Manuel Mosca quien era presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Entonces no sean caraduras, presenten un proyecto que lo vamos a acompañar. Biribiri (sic) con las mujeres no se hace”, sentenció Moreau elevando el tono de la voz.
Espinoza fue procesado por la jueza de instrucción María Fabiana Galletti por el presunto delito de abuso sexual simple más desobediencia a una instrucción judicial de no contactar a la denunciante, una exsecretaria privada.
La magistrada impuso sobre el intendente investigado un embargo preventivo de 1,5 millones de pesos mientras se determina su actuación en los delitos denunciados por la mujer, que fue funcionaria del intendente desde 2011.
