Lo dijo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en un mensaje dirigido a la conducción de las altas casas de estudio que fue replicado por el presidente Javier Milei.
“Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR”, sostuvo Álvarez, quien alegó que la “fiscalización” de estos gastos está en la ley 24.521 de educación superior.
A eso le agregó la captura de una parte del artículo dos de esa legislación. “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”, señala el extracto compartido por el funcionario que está bajo la superestructura del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
La ley dice, además, en el artículo 59 bis, que el control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia “directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación”, como así también que deben generar “mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.
“Habría que modificar algo para hacer una auditoría”
Cuando el jueves por la noche desde Capital Humano enviaron un comunicado que aseguraba que habían llegado a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar los aportes en 70%, lo que luego fue desmentido desde las casas de altos estudios, en la cartera de Pettovello además aseguraron que habían alcanzado un entendimiento para generar una “auditoría conjunta”.
De hecho, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, negó que el Gobierno esté habilitado para controlar las cuentas de las universidades. “Habría que modificar algo para eso. En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se dispone la autonomía de las universidades, donde el Poder Ejecutivo no tiene posibilidad de inmiscuirse. Hay una auditoría propia y hay personas externas que colaboran con la universidad, pero el Poder Ejecutivo no puede auditarnos”, sentenció.