En el sector pesquero evitan hablar de las barbaridades que se vienen sucediendo en la administración de la pesca. Aunque cuando lograron frenar al gobierno en sus delirios y peligrosas intenciones fue alzando la voz, hoy evitan confrontar con el Presidente, a pesar de que sus intenciones se van materializando lentamente.
Desde que el capítulo de reforma al Régimen Federal Pesquero quedó excluido del proyecto de Ley de Bases, en el sector pesquero se han llamado a silencio. Lejos de conformar un bloque que pudiera adelantarse a los acontecimientos, observan impávidos una sucesión de hechos que los alarma, pero no emiten una sola palabra en su defensa.
Un barco que pesca de forma ilegal merluza negra al que se le permite seguir en operaciones a pesar de contar con toda la evidencia, a sabiendas además de que al menos el 50% de la captura está compuesta por ejemplares juveniles de una especie protegida internacionalmente.
Ese barco no es sancionado ni se le ordena el regreso a puerto porque un funcionario de Cancillería realiza llamadas intimidatorias al Director de Control y Fiscalización Pesquera. Ante la presión, el Subsecretario de Pesca elige acatar la orden de Pablo Ferrara y solo le requiere al capitán del buque Tai An que se aleje de la zona de distribución de merluza negra. Para entonces, el barco tenía 142 toneladas de esa especie. Siguió pescando y terminó declarando 163 toneladas.
El mismo Ferrara que intervino evitando que las autoridades pesqueras cumplieran con la Ley Federal de Pesca y el con el Régimen de Cuotificación, fue nombrado por la canciller Diana Mondino como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Consejo Federal Pesquero, donde se debe definir la política pesquera del país.
Como consecuencia del bochorno del Tai An y del pedido de confeccionar una lista con 50 nombres para echar de la administración pesquera y eliminar resoluciones dictadas entre 2019 y 2023 que regulan la actividad, el director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, renunció. Su trabajo fue muy bueno y por eso siguió en el cargo tras el cambio de gobierno, pero las reglas han cambiado, lo que pesan no son las normas sino los vínculos con el poder.
En el INIDEP están en vilo cincuenta contratos, muchos de ellos de personal calificado que lleva décadas en la precariedad. No son acomodados que entraron por la venta en el último año. Además, se prevé una reducción del personal del 15% y no se sabe cómo podrá funcionar el instituto con el mismo presupuesto de 2023 en un contexto inflacionario delirante. No se tiene idea de cómo se hará para mantener los barcos y realizar las campañas programadas.
En el puerto de Mar del Plata los controles pesqueros se han relajado a tal punto que se ha denunciado la descarga de una bodega prácticamente completa de langostino cuando solo está permitido en este momento traer el 20% como especie acompañante.
El Consejo Federal Pesquero que ya debiera estar cursando, como mínimo, su novena reunión, todavía no se ha terminado de conformar y todo funciona a discrecionalidad del subsecretario de Pesca, Juan Manuel López Cazorla, que ya ha dejado claro cuál es su apego a ley y su permeabilidad a las presiones.
Con todo esto en danza en menos de tres meses, nadie sale a decir nada. Solo CAPIP ha enviado una nota reclamando por la falta de funcionamiento del CFP y en CAPeCA se reunieron con el Subsecretario. Eso es todo lo que han hecho para mostrar su disgusto, su preocupación y su temor.
El gran problema que tiene el sector es que el temor al presidente Javier Milei es mayor que el que tienen por la destrucción de la administración pesquera, de la investigación o incluso de la industria. A pesar de que, a la luz de los hechos, queda claro que lo que no se pudo imponer con shock a través de la Ley Ómnibus, se está implementando con gradualismo.
Revista PUERTO
