La nueva redacción solo permite liquidar la deuda pública consolidada de ese fondo.
Entre las numerosas modificaciones de último momento que el Gobierno aplicó al proyecto de ley ómnibus, hay una que sobresale vinculada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, un artículo que fue muy manoseado y en el que la oposición había depositado la lupa con inusitada alarma.
Luego de que la primera versión del mega proyecto de ley autorizara al Poder Ejecutivo a liquidar y transferir al Tesoro los títulos equivalentes a casi 5.700 millones de dólares, las quejas airadas tuvieron impacto y determinaron la eliminación de dicho artículo.
La última versión, en tanto, permite liquidar la deuda pública consolidada en poder de la ANSES, aunque elimina la autorización para vender los activos de la cartera del FGS.
También se suprimió la parte que rezaba que “los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de las participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social”.
Del total de USD 5.678 millones en acciones del FGS, un quinto del total pertenecen a papeles de Ternium, y le siguen Pampa Holding (10,2%), Transportadora Gas del Sur (9,4%), Banco Macro (9,1%) y Grupo Financiero Galicia (8,1 por ciento).
No se trata del único cambio en la Ley de Bases. La maniobra principal fue el retiro del capítulo fiscal (retenciones, jubilaciones, blanqueo, moratoria, Bienes Personales), que será tratado con mayor serenidad más adelante. Este anuncio permitió desbloquear el tratamiento del proyecto y convocar al recinto.
También se dio marcha atrás con la eliminación del subsidio por zona fría para usuarios residenciales de gas, y se barrió el artículo que habilitaba la “disolución” de empresas públicas, universidades nacionales y organismos autárquicos como el INTA y el Conicet.
La reducción de la cantidad de emergencias de 11 a 7 fue otra de las concesiones que efectuó el Gobierno, aunque todavía Hacemos Coalición Federal sigue esperando que se quite la delegación de facultades en materia de seguridad, energética y tarifaria.
