Una decisión que ya comenzó a recibir críticas y ha levantado polémica en el sector educativo, ha tomado la Dirección General de Escuelas. De acuerdo a lo que se ha manifestado, las autoridades bonaerenses enviaron a los Consejos Escolares una normativa donde solicitan a los padres de alumnos de las escuelas rurales que deberán justificar con declaración jurada y mediante documentación respaldatoria la necesidad de contar con el transporte rural.
De acuerdo a lo que entienden las autoridades locales, es probable que muchos de los alumnos que concurren a los distintos establecimientos rurales no puedan utilizar el servicio y los progenitores deberán ser quienes se encarguen de llevarlos a la Escuela.
Hasta el momento, con una declaración jurada alcanzaba. De ahora en más, los responsables de los establecimientos deberán pedir “recibos de sueldo, inscripción de monotributo, recibo de pensiones, jubilaciones y otros beneficios sociales que estén percibiendo. Además, quien tenga más de una propiedad a su nombre o un auto con menos de 10 años de antigüedad no contarán con el servicio de transporte.
También las planillas a llenar consignan preguntas cómo se perciben más de una salario vital y móvil (hoy en 156.000). Esta documentación debe ser entregada antes del 16 de febrero, pero hay que tener en cuenta que el 1 de ese mismo mes abren los establecimientos.
Será el Consejo Escolar quien analice la documentación y puede “rebotarla” en caso de faltar datos. Esto llevaría a que no se pueda llamar a licitación de los recorridos en tiempo y forma.
Quienes diariamente cumplen funciones en el Consejo Escolar, entienden que “nosotros debemos notificar a los establecimientos, ellos a los padres. Es probable que tengamos problemas y, lo peor, que algunos chicos se queden sin transporte”.
