“Pretende modificar, entre otros, aspectos significativos relativos a salud mental, a los contratos, a la responsabilidad civil, e introducir el divorcio administrativo sin asesoramiento y patrocinio letrado, todos temas regulados en un sistema normativo que fue resultado de un arduo trabajo colectivo, federal y plural absolutamente democrático”, sostienen los especialistas.
“No a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación mediante leyes ómnibus”, reza el título de la carta abierta que fue impulsada por las juristas Aida Kemelmajer y Marisa Herrera y que tiene al exjuez y titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra, entre sus más de cien firmantes.
“En nuestro carácter de profesores, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país, venimos a expresar nuestro rechazo al proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos‘ en cuanto pretende introducir modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, sistema normativo que rige la vida cotidiana de las personas en sus relaciones civiles y comerciales”, sostuvieron los especialistas.
“Este código, estructura vertebral del sistema civil y comercial, no ha generado fuertes polémicas o debates prácticos durante su vigencia; por el contrario, ha brindado seguridad jurídica, respondido a las diversas y dinámicas realidades sociales y, principalmente, ha permitido resolver los conflictos jurídicos sobre la base de las nociones de autonomía, libertad, prevención, solidaridad y responsabilidad, por destacar algunos de sus cimientos más importantes“, agregaron.
El proyecto de ley cuestionado “pretende modificar, entre otros, aspectos significativos relativos a salud mental, a los contratos, a la responsabilidad civil, e introducir el divorcio administrativo sin asesoramiento y patrocinio letrado, todos temas regulados en un sistema normativo que fue resultado de un arduo trabajo colectivo, federal y plural absolutamente democrático”, enfatizaron.
En ese punto, recordaron que ese trabajo implicó “centenares de debates académicos” e “involucró 15 audiencias públicas convocadas por el congreso de la Nación, realizadas en diferentes lugares del país con el objetivo de debatir e intercambiar ideas sobre una primera versión del entonces Anteproyecto, fruto de la participación de más de 100 especialistas del derecho y de otras profesiones afines de todo el país, que logró una normativa moderna, acorde con las necesidades sociales y conflictivas sociojurídicas del siglo XXI”.
El proyecto de “Ley ómnibus”, asesguran, “contradice la sistemática del Código Civil y Comercial de la Nación, incentivando un nuevo foco de conflicto interpretativo con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación por parte de los operadores jurídicos y no jurídicos, y el innegable perjuicio para las personas destinatarias de las normas“.
“La pregunta es si los problemas más acuciantes de quienes habitamos la República Argentina se deben a la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación. A tenor de lo acontecido en estos primeros años de vigencia, tanto desde el desarrollo jurisprudencial y doctrinal, la respuesta negativa se impone”, señalaron los especialistas.
“A 40 años de democracia, promover debates legislativos serios y profundos es no sólo una obligación ética, sino una manda constitucional-convencional en beneficio ‘de la libertad para todos los habitantes de la Nación‘”, convinieron los juristas.
Entre los firmantes se encuentran también Alfredo Kraut, Adriana Dreyzin, Sandra Wierzba, Carolina Duprat, Sebastián Barocelli, Sandra Frustagli, José Cárdenas, Agustina Palacios, María Graciela Iglesias, Nieve Rubaja, Natalia de la Torre, Ana Peracca, Nicolás Giraudo Esquivo, Mariano Armando Andruet, Daniel Moeremans, Lidia Vignola, Mercedes Surraco, Aldana Carbonari y Patricia Fernández de Andreani.
