El candidato liberal Javier Milei, manifestó días después de las elecciones PASO que la educación pública universitaria” no es gratis está subsidiada” y que el dinero de ese subsidio debería ingresar al sistema productivo y así la persona podrá tener sus propios ingresos para pagar su educación.
En los países desarrollados, que aplican políticas económicas capitalistas pro mercado, el ciudadano promedio no puede acceder a la educación universitaria en igualdad de condiciones que la clase alta, no hay movilidad social a través de la educación.
La educación pública y gratuita es el medio de inclusión social por excelencia, permite a las clases medias y bajas ascender en la pirámide social. La gratuidad de la educación superior es una verdadera política progresista.
Además, la educación universitaria gratuita puede considerarse una inversión productiva.
Nuestro país, cuenta con recursos humanos de alta calidad que luego se insertan en el sistema productivo para lograr una mayor eficiencia en los procesos. Es una inversión a futuro.
Asimismo, el candidato presidencial se refirió a las universidades como una “mancha roja” haciendo alusión a los contenidos que desde allí se imparten.
SI dejáramos exclusivamente, la educación universitaria en manos de instituciones privadas correríamos el riesgo de que el poder económico sea el que fije los contenidos de acuerdo a sus intereses que, por lo general responden a las necesidades del mercado dejando afuera el desarrollo de iniciativas que tengan que ver con el bienestar de la humanidad en su conjunto.
El manejo de los contenidos de la educación siempre ha sido una tentación para quienes detentan el poder del Estado y bien podría serlo para el poder económico, como práctica que permite moldear a los individuos y como forma de control social.
Las universidades son autonómas y autárquicas.
Autónomas en cuanto a la libertad académica y autárquicas en el sentido económico-financiero, manejan su propio presupuesto.
La discusión debería llevarse al plano de garantizar contenidos académicos democráticos que involucren a todos los sectores de la sociedad y a la eficiencia con la que se manejan los recursos. O sea, la discusión debe enfocarse en una reforma de los contenidos educativos para que las universidades no se conviertan en centros de adoctrinamiento sino de formación de individuos con capacidad crítica y no en su eliminación.
El acceso a la educación en igualdad de oportunidades se encuentra garantizado por los distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional que integran nuestra carta MAGNA.
La Declaración Universal de los derechos humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, otorgándole a la educación el status de derecho fundamental.
El artículo 13 del Pacto internacional de DERECHOS ECONÓMICOS. SOCIALES Y CULTURALES dispone que:
(…)La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.(…)
La Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 28 y 29 establece que:
Los Estados Parte deben fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria , incluida la enseñanza general y profesional (…), adoptar las medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad (…)
(…)Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad , por cuantos medios sean apropiados.
Cualquier intento de violación contra el principio que dispone la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación generaría reacciones de tipo legal y social.
MJG
