La instauración definitiva de los decks surgidos como emergencia para la pandemia, se ha tornado una nueva veta para los socios del poder político en la ciudad de Mar del Plata. Sólo el perjuicio que causan al tránsito, circulación y operaciones de carga y descarga, justifican el total desmonte de los mismos, sin entrar ya en otras cuestiones tan profunda como la precariedad laboral, tránsito de peatones en las veredas, falta de higiene e inseguridad, etc.
Sólo hoy la intervención de la justicia puede ajustar a derecho a quienes no tienen intereses directos sobre la explotación de esos espacios, que no sólo resultan controvertidos sino que deben ser eliminados, porque generan derechos sobre particulares, que afectan el uso del espacio público protegido por la Constitución Nacional.
Una vez más el alineamiento político y sindical, postrará a Mar del Plata dejándola a expensas de otros objetivos que no se debaten sino que se arreglan en despachos oficiales y mesas de café. La mayor densidad de tránsito, agregado a ciclistas y motociclistas, se constituye en sobradas razones para que a la brevedad el intendente Montenegro por decreto, como acostumbra a hacerlo, disponga el cese de esas instalaciones que afectan además a terceros que han invertido bajo otras reglas de juego emanadas de la previsibilidad.
