El intendente Guillermo Montenegro informó hoy que apeló el fallo del juez de Garantías Saúl Errandonea, quien rechazó el pedido de desalojo de terrenos municipales usurpados este domingo en el barrio Las Heras, a la vez que consideró la decisión del magistrado como “un disparate”.
En redes sociales, el jefe comunal explicó su posición: “Quería contarles que hoy apelé el fallo del juez que entendió que no había que desalojar a los usurpadores del barrio Las Heras. Y lo apelé porque es un disparate”.
En su alocución, Montenegro destacó: “Yo no negocio con delincuentes ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión” y se mostró “del lado de los marplatenses que laburan, se esfuerzan, de los que se levantan temprano”.
“Me hago cargo de los temas porque es mi responsabilidad. No miro para el costado. No tengan dudas, siempre voy a cuidar a los vecinos de mi ciudad”, manifestó el jefe comunal en su mensaje.
En relación a la decisión del juez, la apelación del intendente considera que “le genera al Municipio y a sus vecinos un agravio concreto y grave” y recordó que “el predio en cuestión viene cumpliendo una función de amortiguación hídrica desde el año 2007, situación que de modificarse, lo que sucedería si se mantiene la actual ocupación del predio, pone en peligro no solo a las personas que allí se encuentran, sino también al resto de los habitantes de los barrios aledaños”.
En otro pasaje del texto, Montenegro advierte que “la gravedad institucional del fallo que se recurre, en tanto al no adoptarse una respuesta efectiva e inmediata del Estado en esta intrusión y despojo de tierras fiscales, vulnerables del bien jurídico propiedad, se abre la puerta para que este tipo de conductas proliferen y se multiplique“.
Se recuerda que el juez de Garantías N°2 de Mar del Pata, Saúl Errandonea, resolvió no hacer lugar al pedido del intendente Guillermo Montenegro para desalojar un predio municipal tomado por unas treinta familias.
En una resolución de quince carillas, Errandonea resolvió no hacer lugar a su pedido, que acompañó el fiscal Juan Pablo Lódola. El magistrado no solo desautorizó el “lanzamiento” (desalojo) de las treinta familias asentadas en el predio ubicado en el perímetro de la avenida Fortunato de la Plaza, entre Reforma Universitaria y Rufino Inda, sino que le ordenó a la Municipalidad asistir con alimentos y otros insumos, como médicos, a las personas que el domingo mismo comenzaron a instalar y construir precarias viviendas.
El magistrado lo hizo con estas palabras: “Arbitrar las medidas necesarias para procurar un canal de comunicación, transporte y provisión de alimentos, agua y elementos sanitarios y/o médicos para las personas que se encuentran en el inmueble hasta tanto se resuelva en definitiva la cuestión”.
El fallo del juez Errandonea generó malestar entre los funcionarios municipales. Entienden que decisiones como esa “estimula las tomas ilegales de tierras” y equiparan su fallo con la resolución del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla quien en abril pasado archivó la causa por la mega usurpación en Los Hornos al considerar que no hubo delito porque ocurrió por la tarde y “a la vista de todos.
