Tras 15 horas de debate, se logró la aprobación en general de la iniciativa que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economia del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.
El oficialismo consiguió sancionar la iniciativa en una sesión que se extendió por mas de 19 horas, aunque no logró incorporar el artículo para eliminar la exención de Ganancias a los integrantes del Poder Judicial y excluyó el artículo que permitía al Gobierno modificar las retenciones agropecuarias.
Los bloques opositores sumaron 134 votos negativos contra 116 del oficialismo, por lo que el artículo fue rechazado.
El Proyecto
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos.
El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.
Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
El proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un acrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que prevé destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
El debate
El diputado del Frente de Todos Carlos Heller afirmó que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 “no es un presupuesto de ajuste” y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.
Al exponer como miembro informante de la mayoría, en el inicio de la sesión, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 “está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preocupante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo”.
“Hemos visto algunos informes periodísticos que se han centrado en el presupuesto del Ministerio de Educación pero eso es solo una parcialidad del gasto asignado a este concepto. Lo lógico es analizar los gastos por finalidad y función en los cuales se integran los gastos que proceden de diferentes fuentes. Por ejemplo hay partidas que están en el Ministerio de Obras y que tiene que ver con la realización de edificios para las escuelas pero que forman parte de los gastos destinados a la Educación”, dijo el legislador.
En ese contexto, señaló que se han incrementado partidas sociales por un monto de 322 mil millones de pesos, con lo cual “no es un presupuesto de ajuste”.
También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que “la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios”.
En su exposición, Heller destacó el crecimiento de la actividad económica tras “haber superado la pandemia al señalar la suba del 6,4% interanual registrada en agosto respecto a igual mes de 2021”.
Posteriormente, el diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo “se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe”.
A modo de ejemplo de esto último, el legislador de la oposición citó el artículo que prevé un beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.
Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que “a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal”.
En su discurso, el diputado del PRO criticó el beneficio impositivo que recibirá el gremio de camioneros y señaló que representa “84.175 millones de pesos, que es el doble del bono para la indigencia” que está otorgando el Gobierno para las personas de menores recursos.
Por su parte, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que “este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina”
Agregó que “se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento”.
Interbloques Provincias Unidas y Federal anunciaron su respaldo
El titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, apoyó el proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no comulgan “con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.
Con similar sintonía, el titular del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, también explicitó el aval de sus legisladores al proyecto al destacar el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al proyecto original.
“Desde nuestro interbloque no acordamos con impedir el tratamiento trabando la realización de la sesión legislativa con el voto negativo en general, creemos que ese no es el camino. Adelantamos entonces el apoyo al Presupuesto en cuestión”, expresó Di Giácomo durante su discurso en el recinto.
En ese sentido, agregó: “No comulgamos con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.
“Por esto no trabajamos para impedir su tratamiento, en todo caso el poder ejecutivo deberá hacerse cargo de sus resultados; porque el sector que rige los destinos del país debe hacerse cargo de los éxitos y de los fracasos”, agregó el legislador.
Por su parte, Rodríguez destacó que el oficialismo haya incluido correcciones al proyecto de Presupuesto y por eso “vamos acompañar en general” pero anticipó su rechazó a las delegaciones al Poder Ejecutivo para reformar las alícuotas de retenciones.
Destacó que es importante que “antes de fin de octubre nos encontremos debatiendo la posibilidad cierta de aprobar el presupuesto y eso hay que destacar.”
“Valoremos que hayamos podido incluir correcciones” entre las que mencionó “que se haya asignado al transporte del interior del país una suma que se pueda actualizar cómo evolucione la economía”, dijo Rodríguez.
Por último, el legislador señaló que “la Argentina necesita invertir y generar empleo y un camino es insistir en que las pymes tenga menor presión tributaria para generar empleo”.
Milei y Espert, en contra
Los diputados de las bancadas de derecha Javier Milei y José Luis Espert rechazaron el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, al cuestionar los gastos previstos, el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal y la proyección de inflación para el próximo año.
El diputado Milei dijo que “por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto”,
“La inconsistencia técnica más grosera del Presupuesto es esa inflación del 60% (para 2023) ¿Dónde viven? La inflación en Argentina vive acelerándose, estamos en el 83% pero en los últimos tres meses oscila entre el 100% y el 125%”, agregó el legislador al hablar en el recinto.
Por su parte, el economista y legislador de Avanza la Libertad, José Luis Espert, afirmó que “nunca un gobierno endeudó a un Estado más que el de Alberto Fernández: 100.000 millones de dólares, sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones, y con estos niveles de tasas de interés, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos”,
También criticó el aumento del gasto público al señalar por “por empatía con una sociedad que no da más de pagar impuestos, el gasto público no debería crecer eso, sino mucho menos”.
La oposición rechazó el artículo del Presupuesto para que el Poder Judicial pague Ganancias
La negativa al artículo 100 del proyecto reunió 134 votos negativos provenientes de Juntos por el Cambio; el interbloque Federal; la Izquierda y algunos diputados del FdT de extracción gremial.
En la votación en particular de este punto, el artículo 100 de la ley de leyes, se pronunciaron por la negativa 134 legisladores y legisladoras -la mayoría de ellos de Juntos por el Cambio, a quienes se sumaron el interbloque Federal; la Izquierda y algunos diputados del FdT de extracción gremial-, en tanto por la positiva se reunieron 116 adhesiones, provenientes del oficialismo más cinco diputados habitualmente aliados.
En la votación inmediata posterior de otro artículo, al tratarse el pago por parte de los jubilados del Poder Judicial, el también se dio un rechazo por 129 votos a 121 y, aunque la izquierda revirtió su posición, igualmente no alcanzó para que ese punto fuera avalado.
Antes de la votación, la diputada del Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, solicitó que se diferenciara en dos artículos diferentes a los jueces de los empleados del Poder Judicial, para permitir diferentes posicionamientos, pero la propuesta no fue aceptada por el FdT.
Tampoco se dio lugar a un pedido del diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, para que se establezca una especie de “compensación a los jueces por la detracción en Ganancias y, de esa manera, evitar la posible litigiosidad”.
Más allá de que, de acuerdo con los discursos que se fueron sucediendo durante la sesión que comenzó este martes a las 13.30, se preveía una derrota en la votación de este artículo, el oficialismo no claudicó en su iniciativa de poner el tema en consideración.
Con el correr de las horas, desde diferentes bloques opositores comenzaron a manifestarse en relación con la propuesta incluida en el texto del Presupuesto por el oficialista Marcelo Casaretto, y la mayoría de las opiniones fueron contrarias a su aprobación.
Más allá del resultado de la votación del artículo 100 del proyecto, la idea del bloque oficialista es que quede visibilizado qué posición tomó cada diputado y diputada sobre el tema
Incluso, desde alguna bancada, como Evolución Radical o Provincias Unidas, se intentó convencer a los principales referentes del oficialismo para que separen la discusión del tema Ganancias de la del Presupuesto nacional, pero la respuesta de los liderados por Germán Martínez fue negativa.
Se sumó a esas conversaciones la posibilidad de “emplazar a la Cámara para que debata en un plazo de 30 días una reforma integral al sistema de Ganancias”, pero tampoco alcanzó para convencer al Frente de Todos (FdT).
“Vamos a poner el tema a votación y, si tenemos que perder, perderemos; pero quedará en claro quiénes son los diputados que no quieren que los jueces paguen Ganancias”, señalaban legisladores del FdT en el Salón de los Pasos Perdidos mientras se desarrollaba la sesión y antes del casi anunciado final.
Es que, más allá del resultado de la votación del artículo 100 del proyecto, la idea del bloque oficialista es que quede visibilizado qué posición tomó cada diputado y diputada sobre el tema.
Ayer, horas antes del inicio de la sesión, el bloque UniónPRO fijó su postura: “No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto”.
“Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el Gobierno del Presidente (Mauricio) Macri una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del art. 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”, remarcaron.
Por su parte, Martín Tetaz, de Evolución Radical, bloque que hace un par de días se mostraba propenso a acompañar al oficialismo, señaló: “Nosotros no queremos sostener ningún privilegio, pero queremos ir más a fondo: proponemos una reforma integral que elimine todos los privilegios y que lo recaudado sea utilizado para bajar impuestos”.
Sobre la cuestión en debate, dijo que “el artículo 16 de la Constitución es claro, y dice que todos sus habitantes son iguales ante la ley, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño coincidió con el PRO en que “el tema fue zanjado en 2016” y que intentar hacerlo de la manera en que lo propuso el oficialismo “llevaría a una declaración de inconstitucionalidad”.
“Ganancias no está ni cerca de hacer justicia. Quisieron construir un conflicto: los trabajadores del Poder Judicial declararon una huelga”, aseveró.
Con otra tónica, el líder parlamentario de Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, cuestionó las formas: “Hubo alguna bravuconada de presentar algún proyecto a último momento que tendría que haberse meditado más detenidamente, y pudiendo los sectores haber llegado a algún tipo de acuerdo”, señaló el representante de Juntos Somos Río Negro.
Por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Romina del Plá, remarcó: “No somos parte de la maniobra demagógica con el Poder Judicial”.
“Somos partidarios que los jueces paguen Ganancias y todos los impuestos, y de que ningún trabajador, sea judicial o de cualquier otro gremio, esté alcanzado por ese impuesto, porque el salario no es ganancia”, fundamentó la diputada.
En defensa del artículo, Casaretto dijo en el recinto: “Se trata de defender el artículo 16 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”.
Por su parte, Vanesa Siley, diputada del FdT y secretaria del gremio judicial del Sitraju, decidió votar en contra del proyecto al expresar que “no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia”.
“Que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”, remarcó Siley.
La propuesta del oficialismo
La propuesta de Casaretto en la reunión de la comisión de Presupuesto del pasado jueves, incluida en el dictamen, consistía en modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, para recaudar unos 237.000 millones de pesos más, según las estimaciones realizadas.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial a partir de ese año paguen Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el impuesto.
El artículo rechazado señalaba que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.