Sin brindar demasiados detalles, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, había dejado entrever sus próximos pasos en cuestión de controles de precios. Comentó que mantuvo conversaciones con defensorías del pueblo provinciales para reforzar la cantidad de inspectores que fiscalicen las góndolas en distintos puntos del país.
Ahora, y en medio de las negociaciones por alcanzar un nuevo acuerdo para contener los precios de los alimentos, el Gobierno suma presión a las empresas de consumo masivo. Con el objetivo de reforzar los controles, el Ministerio de Economía involucró a las provincias y municipios en la fiscalización de los comercios para que cumplan con Precios Cuidados.
A través de la resolución 701, que lleva la firma de Sergio Massa, se instruye a la Secretaría de Comercio a firmar “convenios de colaboración” con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de todo el país para que realicen inspecciones, control y contravención del programa oficial.
Esos acuerdos entre la Secretaría que comanda Tombolini y las localidades deberán cumplir con distintas pautas: en primer lugar, que las infracciones serán juzgadas por los organismos que determine cada jurisdicción.
Además, se deberá resguardar el derecho de defensa de los presuntos infractores y las entidades locales deberán seguir los requisitos técnicos que establezca la secretaría de Comercio, que brindará “asistencia técnica y cooperación” para las tareas de fiscalización, control, contravención e implementación del programa.
Por último, detalla la normativa oficial, se tomarán la Secretaría transferirá a las autoridades locales el 25% de lo producido por las multas aplicadas en concepto de “retribución por los gastos operativos generados”.
La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, argumenta que “dada la situación imperante, resulta necesario fomentar acciones mancomunadas y coordinadas” entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, “a los fines de cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas, controlando la especulación que es trasladada generalmente al precio de los productos básicos, afectando a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la población”.
“Es una delegación de atribuciones que hace esta resolución del ministerio de Economía a la secretaría de Comercio para establecer acuerdos con los gobernadores y municipios para tener la posibilidad de tener verificadores a nivel federal. Siempre tuvimos una dificultad en la verificación de los acuerdos, de Ahora 12 o de defensa al consumidor a nivel federal. Queremos sumar eso para tener un alcance nacional”, explicaron en la Secretaría ante la consulta de TN.
Esta medida toma fuerza después de que este lunes comenzaran las primeras reuniones con representantes de las empresas de consumo masivo, entre las que concurrieron Molinos, Mastellone, Bimbo, Quilmes y Coca-Cola. El Gobierno convocó a unas 20 compañías.
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Aunque en el Palacio de Hacienda no quieren hablar de congelamiento, sí insisten en la conformación de una canasta de artículos de alimentación, limpieza e higiene personal que contenga unos 1500 productos y lleve impresa una etiqueta con valores que se sostengan durante al menos 90 días.
Para alcanzar ese acuerdo, en el equipo económico propusieron una estrategia de “palo y zanahoria” para convencer a los representantes del sector privado. Esto es, que si consiguen consensos sobre este programa, luego a cambio las firmas podrían acceder a créditos o beneficios impositivos. También sobrevoló el ofrecimiento de un tipo de cambio diferencial para exportaciones para las empresas que adhieran al convenio, pero todavía se aguarda por el acuerdo final de este nuevo programa.
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