El mismo tiene un alcance de importancia, luego de las objeciones que se han realizado, en función de las rendiciones de las remesas, que se intenta justificar a través de sendas aprobaciones, del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires y jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional.
El cúmulo de las sospechas alcanzó su máximo grado, con la denuncia de oficio que presentó el fiscal Federal Juan Manuel Pettigiani, que involucró decisivamente a la Municipalidad de General Pueyrredón frente a las pruebas aportadas al expediente y que se acumulan en la causa a cargo del fiscal Federal Claudio Kishimoto.
Debido a lo que consta en el expediente, el juez Alejandro Castellanos rechazó la petición de querellante en la causa que intentó esgrimir la Secretaría de Gobierno, seriamente comprometida según el relato del Foro de Seguridad a través de una carta abierta conocida hoy, cuya transcripción textual es la siguiente:
“El Foro Municipal de Seguridad del Partido de General Pueyrredon creado por Ley 12.154 G.P.B.A hace saber:
La Seguridad, en los últimos años se ha constituido en uno de los temas que más preocupan al conjunto de la sociedad. Somos concientes y así lo hemos manifestado que su tratamiento debe ser abarcativo a todos los espacios que hacen al tema. No se soluciona únicamente con más policías o más chalecos antibalas.
El origen de la Ley 12.154 y sus fundamentos, claramente así lo manifiesta.
Contribuye el involucramiento de la sociedad en su conjunto, con sus apreciaciones con la solidaridad, con la preocupación manifestada en la participación.
No contribuye el comportamiento errático de las autoridades públicas, el retaceo de información, y la no presencia y compromiso en las reuniones habituales que éste Foro municipal de Seguridad realiza mensualmente, los segundos martes de cada mes.
Que con motivo de la firma del Convenio firmado por la Jefatura de Gabinete de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredón, hecho que se produjo en el mes de Mayo de 2009, mediante el cuál la municipalidad se beneficia con la suma de pesos 27.600.00.- no reintegrable, para ser aplicado al Programa Integral de Protección Ciudadana.
Que este programa consiste en que el municipio se compromete a:
Instalación de videocámaras de seguridad en la vía pública.
La compra de vehículos patrulleros para ser aportados a la policía local.
La instalación de un centro de monitoreo municipal.
La instalación de GPS en los móviles policiales.
La contratación de personal policial retirado para efectuar tareas de apoyo.
Establecer una red de comunicación entre la policía, los Foros de Seguridad, Sociedades de Fomento y referentes barriales.
Que en virtud de la magnitud de la suma antes mencionada, este Foro consideró oportuno plantear al intendente municipal que parte de esa suma, sea destinada a la reparación de móviles policiales, la compra de insumos y repuestos de normal necesidad, la puesta en valor del taller mecánico policial, la compra de 200 transceptores denominados handies para la policía local y la reparación de 120 baterías de otros tantos.
Que a pesar de haber sido recibidos en reiteradas oportunidades por el Sr. Secretario de Gobierno Dr. Ariel Ciano, a quien de forma constante en cada ocasión se le ha solicitado la disposición de ejecutar lo solicitado, los temas más importantes no han prosperado por distintas razones.
Que en más de una vez se nos dijo que muchas de las cosas que el FMS requería no se podían cumplir porque no estaban contempladas en el convenio firmado, y otras que la norma de compras de la Provincia denominada RAFAM, obstaculizaba la posibilidad de compra.
Que con el transcurso del tiempo y de los reclamos que se plantearon, nos fuimos sorprendiendo con el hecho que los gastos que tampoco estaban contemplados en el convenio firmado, que consiste en el pago del alquiler de vajilla y alojamiento, baterías, cubiertas, afectados a la presencia de la Prefectura en nuestra ciudad, se decidía por decreto del Ejecutivo Municipal y no se tenía en cuenta el RAFAM
Que en definitiva se privilegiaban gastos que de alguna manera tarde o temprano se irían de la ciudad, y no aquellos que quedarían en beneficio de todos los que la habitamos de forma permanente y también de los que la visitan.
Que ya transcurrido más de un año de haberse firmado el convenio con la Nación y la Provincia, los logros obtenidos de nuestro permanente reclamo, si bien debemos reconocer que se han efectuado gastos necesarios por la inmediatez y el aporte de los 1.500 litros de combustible para los 100 móviles policiales que cumplen tareas de prevención en las calles de la ciudad, no han sido suficientes ante la real necesidad y la posibilidad de cumplimiento partiendo de la suma recibida.
Que nuestro reclamo está y estuvo siempre destinado a que el municipio adquiera bienes que benefician a la población en su calidad de vida como es el contribuir con la seguridad pública.
Que siempre dijimos no nos oponemos a la decisión política adoptada por el señor intendente en el mes de abril del 2009 , posibilitó la presencia de la Prefectura , lo que si reiteramos es nuestra disconformidad que es el fiel reflejo del reclamo de nuestros convecinos, de la manera en que se maneja esa fuerza que no coordina su labor con la policía local, que no se desplaza a los barrios de mayor conflictividad, que hace tareas de control de documentación vehicular en el radio céntrico y en distintas ocasiones en inmediata proximidad de dependencias policiales.
Que para ello el municipio aporta a Prefectura 1.000 litros diarios de combustible, para 10 móviles, de lo cuál no existe control por parte del municipio, caso contrario de lo que sucede con los móviles policiales que cuentan con un rastreo satelital ABL que permite saber el desplazamiento y kilometraje efectuado por cada unidad.
Que ante los reiterados pedidos de información efectuados al municipio en las distintas reuniones sobre la cantidad de efectivos de Prefectura alojados en Chapadmalal, siempre se nos contestó con falta de objetividad por desconocer los funcionarios la cantidad exacta.
Que en razón de la falta de información veraz con más razón reafirmamos que el gasto generado al municipio por el alojamiento que asciende a la suma de pesos, más los 1.000 litros de combustible que se le aporta diariamente, y que de acuerdo al tiempo de permanencia que llevan esa suma sería de pesos es sumamente caro para el desempeño que esta fuerza viene desarrollando.
Que de haberse empleado ese dinero en la reparación de la flota policial, la compra de los 20 patrulleros que efectuó el municipio (ya en servicio) y en la adquisición de 10 camionetas patrullero (sugerido por este Foro) más todo lo expuesto anteriormente la suma hubiera sido inferior a lo empleado en la contratación de un servicio que no ha satisfecho de modo alguno el reclamo y la necesidad de los barrios con alto grado de conflictividad”
