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“Frente a los beneficios que le otorgó la Justicia, se debe abordar este escándalo en su dimensión política e institucional”, comenzó explicando Mario Negri, representante del bloque político de la UCR en la Cámara de Diputados del Congreso, en referencia al cierre de la causa Fiesta en Olivos.
El juez del caso que generó polémica y que sucedió durante la cuarentena más estricta (14 de julio de 2020), falló a favor de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, tras el pago de $3 millones en compensación por romper las normas.
“Voy a pedir que la comisión de Juicio Político ponga en tratamiento el juicio político que presenté contra el Presidente de la Nación por el Olivos Gate”, sostuvo Mario Negri durante la creación de la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. “Con la aceptación de parte del fiscal y del juez de darle la oportunidad de redimir con una multa lo que fue un delito doloso, no culposo, queda en evidencia que hay un privilegio por parte del Ejecutivo”, sostuvo el político.
En agosto del año pasado, Juntos por el Cambio (JxC) presentó un pedido de juicio político contra el Presidente. “Él, quien ordena cumplir lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano”, mencionaba el texto presentado por la bancada opositora.
“Esta gota rebalsó el vaso. Se ha deshonrado la investidura pública. Se ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública que impone la Constitución Nacional”, concluyó el escrito de JxC.
