El oficialismo deliberativo ha decidido prolongar el incierto destino del expediente de fotomultas y para ello no escatiman artilugios como postergar el tratamiento de importantes temas, que giran en el ámbito de la Comisión de Legislación, por ejemplo, como lo advierte la concejal Marina Santoro.
Una vez más, se eleva la exposición de quienes le están poniendo el cuerpo en el HCD al ambicioso convenio por 10 años, que tiene una proyección de recaudación multimillonaria de la cual la MGP participa sólo en 1 de 4 pesos que se efectivizan.
Hoy a las sospechas y las dudas que ya han quedado planteadas, se agrega otra que resulta más preocupante: si la firma del convenio no resulta procedente, podría generarle a la MGP un juicio millonario, si la firma del mismo ha generado derechos para quien sería en este caso el contratista.
Estiman que este motivo de controversia judicial, no debería habérsele escapado a un hombre con la gimnasia jurídica vinculada a la política, una especialidad del intendente Guillermo Montenegro, lo cual no lo dejaría indemne de las consecuencias, que pueden afectarlo patrimonialmente cuando los organismos de ley auditen esta operación.
