El empresario propietario del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias, quien integra además la mesa chica política del intendente Guillermo Montenegro, continuará siendo investigado por considerar la Cámara Federal que la medida dispuesta por la jueza María Eugenia Capuchetti es “Apresurada e imperfecta”.
Cómo se recordará Florencio Aldrey Iglesias y sus sobrinas, Matilde, Lourdes y Dolores, se encuentran entre los primeras 70 personas que recibieron el beneficio del vacunatorio vip en una conducta considerada como falta de humanidad, debido a que había millones de personas esperando las escasas dosis que llegaban a nuestro país para iniciar el plan de vacunación contra el corona virus.
Por el momento no existe imputación penal en la causa. La Cámara Federal resolvió que se reactive la investigación judicial sobre el empresario y sus familiares. Una vez que se recaben más pruebas, se decidirá qué delito se le imputa y la citación a prestar declaración indagatoria, ya que se los considera bajo investigación por haber sido partícipes de la vacunación vip.
Luego de la apelación del fiscal Sergio Rodríguez al pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa por el Vacunatorio VIP, la Cámara Federal dispuso revertir el archivo parcial del expediente y de esa manera ordenó la reapertura de la causa. Además se exigió investigar a las personas que fueron vacunadas en el Hospital Posadas y el ministerio de Salud.
Montenegro, Rodríguez Larreta y Aldrey Iglesias
El hecho se dio luego de que la Procuraduría de Investigaciones (PIA) planteara que la investigación no quede archivada ya que en el momento en el cual se detectó la irregularidad, las vacunas eran un bien escaso. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo y la Cámara Federal ordenó que se reabra la investigación.
La jueza Capuchetti había tomado la decisión de archivar la candente causa por inexistencia de delito argumentando que “en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”.
Con esa resolución, la jueza había determinado que 65 de los 70 acusados no podían ser acusados de delincuentes, decisión que fue apelada por Rodríguez que es titular de la PIA.
Dentro de la lista de vacunados se encontraban, entre otros, el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el periodista Horacio Verbitsky; el ex presidente Eduardo Duhalde y parte de su familia; el ex ministro de Salud Ginés González García; y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
Qué dice la resolución
De acuerdo a la información que trascendió en el escrito de la resolución de la Sala 1 de la Cámara Federal se indica que “será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”.
Además, indican que es necesario llevar adelante una investigación bajo una mirada “integrada”, expresando que “sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”.
La reapertura significa un duro revés para el ex titular de la cartera de Salud nacional, Ginés González García, que este fin de semana tuvo un episodio convulso al ser escrachado en un restaurante.
Para los jueces que dieron el visto bueno a la reapertura de la causa, “se trató de decisiones particulares, que sólo atendieron a contadas situaciones” y agregaron que “en ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”.
“Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, concluyeron.
Sera justicia???