Las condiciones actuales de cómo deben ser tratadas más de 1.000 toneladas diarias de residuos domiciliarios, aparecen en el umbral de los servicios esenciales que el Gobierno municipal, ha decidido directamente desatender o no ocuparse hasta alcanzar un estado de precariedad, emergencia y/o prórroga. En estos casos siempre existen terceros beneficiados a expensas de los recursos públicos.
Este parecería ser nuevamente el camino elegido por el gobierno de Guillermo Montenegro, frente a las preocupaciones de los trabajadores que prestan el servicio y que ya llegaron al Ministerio de Trabajo: “Es entendible la preocupación de los trabajadores porque se termina el contrato y no saben quién concesionará”, expresó Raúl Calamante, coordinador regional de la dependencia que es la autoridad provincial de aplicación de normas laborales.
Podría reducirse a una cuestión laboral de los operarios, lo cual agravará un problema de desempleo en una ciudad castigada en ese sentido. Pero además el tratamiento de los residuos entraría definitivamente en un estado de involución, volviendo el sistema a décadas pasadas, profundizando una problemática que agrega contaminación en épocas de pandemia, en la cual las mismas autoridades publicitan cumplir con los protocolos y extremar los cuidados. La falta de contención de los líquidos lixiviados sin tratamiento, produce daños irreversibles con el correr de los años en toda la zona.
Ante esta grave situación, quienes han advertido y alertado sobre el problema son las concejales Sol De la Torre y Virginia Sívori, del Frente de Todos, que han iniciado un reclamo pertinente a través de una nota presentada el 22 de junio para que el Departamento Ejecutivo informe sobre cuál es la situación actual de la compleja operación del predio de disposición final.
El silencio de los responsables del oficialismo es nuevamente el denominador común. La finalización del contrato y el alejamiento del CEAMSE, provocará caer por lo menos en un estado de precariedad, cuya gravedad se profundiza cuando existen fondos afectados con partidas presupuestadas y hasta con cargo en boletas de TSU u OSSE, es decir que se está recaudando por un servicio cuya prestación está en dudas, por lo menos. Y no se descarta que se haya caído en incumplimientos.
Al respecto la concejala Sol De la Torre expresó a mdphoy.com:
“La situación actual en el predio de disposición final de residuos, es que en el año 2018 a través de la declaración de la Emergencia Ambiental, el DE a cargo de CAMBIEMOS realizó una contratación directa al CEAMSE, por el plazo de tres años con posibilidad de renovación a tres años más” explicó De La Torre.
Y agregó: “Con el fin de poner en condiciones el predio de disposición y transformarlo en un relleno sanitario. Ese convenio finaliza en agosto próximo y el DE no ha presentado en el HCD ninguna información oficial”.
“Sin embargo, a través de medios periodísticos podemos ver que se resolvió la no renovación del contrato con el CEAMSE, por lo tanto deberíamos ir hacia un pliego de licitación para la concesión del servicio del tratamiento del predio de disposición final de residuos, o una administración por parte del estado municipal”.
Planteó dudas al respecto “en cualquier caso, debería estar en tratamiento en el HCD donde no se ha presentado, lo cual habla de una falta de previsibilidad y planificación por parte del gobierno municipal”.
“Una de las mayores responsabilidades que tiene el intendente, es la gestión, recolección y tratamiento de los residuos que se generan. Es una competencia que es indelegable a otros niveles y poderes del Estado, por eso llama la atención la falta de políticas públicas por parte del estado municipal”.
Sobre las responsabilidades dijo “sepamos que para los vecinos y vecinas una vez que la bolsa está en la vereda, recolectada por el camión, el proceso termina y la responsabilidad queda en manos del gobierno municipal”.
Con respecto a los fondos destinados y asignados precisó que “en ese sentido hay fondos afectados, destinados exclusivamente a la recolección y sobre todo a la operatoria del predio de disposición final de residuos, no sólo para la contratación de una empresa, sino fondos que se utilizan a través del EMSUR con operaciones y trabajo que hace el propio Ente Municipal de Servicios”.
En relación al manejo del servicio reflexionó, “muchas veces los municipios tratan de garantizar una buena recolección, asumiendo que nada se sabe de cuándo la basura llega al predio. Sin embargo, una mala gestión puede devenir en causas de contaminación, muy graves y elevadas. A tal punto que se pongan en riesgo las vidas de las personas que habitan el partido de General Pueyrredon”.
Con respecto a los convenios con CEAMSE afirmó “entre la MGP y CEAMSE, para la operatoria en el predio se firman 3 convenios, uno es de operación, y otros dos vinculados a las obras que se deben realizar. Una parte de las obras, está en manos del CEAMSE. Y la otra, por parte del municipio, que recibió de la provincia la mitad del dinero comprometido, que era de $ 78.000.000 aproximadamente”.
No hubo avance de obras ni certificaciones admitió: “La gobernadora María Eugenia Vidal transfirió ese importe para hacer estas obras. Por el resto del monto, la MGP debió haber presentado el estado de avance de las obras y certificación, que nunca han sido presentadas, a pesar de los reclamos ante el gobierno actual, lo cual no ocurrió a pesar de las reiteradas solicitudes de la Provincia”.
“Por ello no sabemos y tampoco recibimos respuesta de parte del presidente del EMSUR, en reiteradas oportunidades sin recibir respuestas, cuestiones que debería responder en la comunicación que presentamos con la concejala Sívori”, finalizó.
