La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó de forma espontánea ante la Cámara de Apelaciones para solicitar, en su condición de querellante, intervenir en el recurso de apelación presentado por el falso abogado Marcelo D’Alessio, que sostiene la nulidad sobre la pericia practicada en su teléfono celular, informaron fuentes judiciales.
El planteo había sido rechazado por quien actualmente instruye la causa por extorsión contra D’Alessio, el juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, y por el fiscal de Primera Instancia Juan Pablo Curi.
Sin embargo, el Fiscal de la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, admitió las apelaciones presentadas al alegar “uso ilegal de la fuerza”, y advirtió la existencia de prácticas que podrían “suscribir una situación de gravedad institucional”.
Pero los representantes legales de la UIF consideraron que la Cámara de Apelaciones “omitió correr vista a las partes querellantes“, y el organismo, como parte de la investigación hizo una presentación para intervenir en dicho recurso.
La causa
La causa se inició en 2018, a partir de la denuncia realizada por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, debido a maniobras extorsivas a las que era sometido por D´Alessio quien amenazaba con llevarlo ante la justicia en la causa de la fotocopias de los cuadernos.
Las numerosas pruebas aportadas por el denunciante -entre ellas grabaciones de las conversaciones con el propio D´Alessio que formaban parte de la extorsión- dieron lugar a su detención y al allanamiento de su domicilio donde se encontró profusa evidencia sobre la conformación de una organización criminal clandestina y paraestatal.
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla había realizado un peritaje sobre el teléfono de D’Alessio y encontró también material que puso al descubierto un entramado de mecanismos legales e ilegales de una organización criminal conocida como el grupo “Buenos Aires”.
Se trataba del nombre del grupo de whatsapp que D’Alessio tenía junto a Ricardo Bogoliuk, Pablo Bloise, Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez, todos imputados en la misma causa por ser sospechosos de facilitar maniobras financieras transnacionales, conformar una red de extorsión, manipular causas judiciales y realizar espionaje ilegal.
Según la investigación de Ramos Padilla y el material recabado a través del celular, el Juzgado de Dolores descubrió tres operaciones realizadas durante el 2018 que se proponían colocar alrededor de unos 3.500 millones de euros, de origen ilícito, en cuentas offshore.
El Fiscal Pettigiani, quien en noviembre del 2020 había solicitado el sobreseimiento de Carlos Stornelli por asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia, recientemente pidió anular el peritaje realizado sobre el teléfono de D’Alessio en la causa de espionaje que tramita en el Juzgado Federal de Dolores, actualmente a cargo del juez Bava
Al dictar procesamiento de D’Alessio, Ramos Padilla sostuvo que “las actividades del grupo se centraban en relacionar a los actores intervinientes en estas operaciones, con trato directo con ellos en diversas oportunidades, y materializar de ese modo transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países”.
