Casi sin que nadie se diera cuenta, durante la primera etapa de la cuarentena en la Argentina, el Juez Federal de Mar del Plata. Santiago Martín, llamó a indagatoria al ex integrante de la Cámara Federal de la ciudad, Jorge Ferro, quien “habría infringido deberes institucionales establecidos en las normas relativas al correcto desarrollo de la función judicial, priorizando la defensa de intereses particulares en detrimento de la buena administración de justicia, afectando la imparcialidad, la independencia y objetividad que debió ser respetada por su condición de funcionario público”.
El llamado a indagatoria salió el 29 de abril de 2020, pero al quedar postergado por la pandemia de coronavirus, recién se conoció en los últimos días. Aunque hay mucho hermetismo respecto al tema, según fuentes judiciales consultadas, el ex juez, si bien se habría negado a prestar declaración, sería procesado por la Justicia.
El Dr.Martín menciona que el ex camarista, junto con el conocido operador judicial Alejandro Ferrarello, además de María de las Mercedes Hernández Morahín y Federico Ariel Gil de Muro, “en forma organizada, premeditada y habitual al menos desde el año 2002 hasta el día 01 de mayo de 2018 , habrían desplegado conductas enderezadas a obtener decisiones jurisdiccionales favorables por la Cámara Federal de Apelaciones del circuito, como Tribunal de Alzada de la Justicia Federal de esta ciudad”. La clave en esta compleja trama es Alejandro Ferrarello.
Jorge Ferro integró la Cámara desde su creación en 1992, hasta su renuncia, el 22 de marzo de 2018, cercado por denuncias por presunta trata de personas y lavado de activos. En septiembre de 2016 fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, y en paralelo se formó una causa penal. Al presentar su renuncia, el trámite ante el organismo de contralor de los jueces quedó desestimado, pero el expediente en la justicia federal siguió su curso.
Aunque fue designado juez federal de primera instancia en la localidad de Azul el 27 de agosto de 1982 por el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, Ferro siempre se las ingenió para mostrarse cercano a los intereses kirchneristas, en especial en las causas de lesa humanidad, lo que siempre reportó muchos beneficios a los magistrados que adoptaron aquellas posturas. De hecho, fue elegido por el Consejo de la Magistratura el 8 de octubre de 2015 como subrogante en la Cámara de Bahía Blanca, en momentos en que Alejo Ramos Padilla subrogaba el Juzgado 1 de aquella ciudad. Casualmente, el ex camarista fue elegido instructor del sumario abierto por el hoy juez electoral de La Plata contra los funcionarios del juzgado bahiense en aquel año, y por el cual hoy es investigado.
En otro párrafo del llamado a indagatoria, el Dr. Santiago Martín afirma que “la prueba colectada permitiría sostener la existencia de una relación de amistad que uniría a Alejandro Ferrarello con Jorge Ferro y reciprocidad en el intercambio de información y favores entre ambos, vinculado ello con la actividad de asesoramiento legal y la adopción de decisiones favorables en el trámite de los expedientes”. Y agrega que Ferrarello se “habría aprovechado de esta relación de amistad y familiaridad con el ex camarista, y haría valer sus influencias a fin de que éste adoptara, demorara u omitiera dictar resoluciones en los casos judiciales en los que debía intervenir”.
La causa “Madaho´s” y el tráfico de influencias
Allá por septiembre de 2016, se radicó una denuncia contra Ferro por parte del Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) a cargo de los Fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, con Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá a la cabeza. Al comienzo, el por entonces camarista era investigado por cargos de trata de personas y lavado de dinero, además de tráfico de influencias.
La causa se centraba en el reconocido prostíbulo Madaho’s Pub, situado a escasos metros del Sheraton Hotel de la ciudad de Mar del Plata. El mismo fue habilitado el 15 de octubre de 1997 como bajo el rótulo ‘bar nocturno’, y definitivamente clausurado el 19 de septiembre de 2014. El local era operado por la sociedad ROLAFA SRL y anteriormente por SAFAGO SRL, cuyos titulares eran Darío Navarro, Mario Lafalce, Mario Sasiain y Daniel Fay. La denuncia refería que a estos cuatro nombres se sumó el hombre clave de este entramado, Alejandro Ferrarello, conocido en la ciudad balnearia por ofrecer servicios jurídicos y contables sin poseer título habilitante de contador ni de abogado, en carácter de administrador del fideicomiso constituído sobre el inmueble en el que se desarrollaba la actividad.
La operatoria diaria de Madaho´s consistía en la oferta de servicios sexuales de mujeres previamente seleccionadas y reclutadas. Los responsables se veían beneficiados económicamente a través del exorbitante precio de las copas que los asistentes debían abonar al ingresar al local y al invitar a las mujeres, ‘como requisito para concretar el comercio sexual señalado’.
En uno de sus párrafos, la denuncia explicitaba: ‘El Ministerio Público Fiscal presentó formal imputación por el delito de lavado de activos de origen ilícito, por ser el engranaje que permitió el blanqueo de dinero producto de la explotación, el que no puede ser investigado de manera independiente’. Lafalce, Navarro, Day y Sasiaín fueron procesados en su momento como coautores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por el abuso de situación de vulnerabilidad.
Y aquí es cuando comienza a tallar Jorge Ferro. Apelados los procesamientos por las defensas de los imputados, intervino la Cámara Federal. De acuerdo al MPF, fueron los diferentes votos del camarista en las distintas instancias en que debió intervenir que permiten inducir los vínculos entre este y el principal imputado, Alejandro Ferrarello. Es así como el 2 de julio de 2015 el tribunal de alzada confirmó -en forma parcial- aquellos procesamientos, pero entendió que la calificación de los hechos no era la adecuada. Decidió luego declarar a la justicia federal como incompetente, remitiendo las actuaciones a la justicia provincial. Los delitos a investigar debían ser ‘promoción y facilitación de la prostitución’ y ‘explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena’. El MPF apeló el fallo y, en mayo de 2016, Casación decidió hacer lugar a dicha apelación, devolviendo lo actuado a la justicia federal.
Entre aquella resolución de Cámara y la decisión del máximo tribunal penal de la Nación, Jorge Ferro, siempre según la denuncia, intentó apartar al Juez interviniente en la causa Dr. Santiago Inchausti alegando ‘retardo injustificado de justicia‘ por no haber remitido lo actuado al fuero provincial, amenazándolo con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura, llegando a la conclusión que, ‘en la causa en cuestión, debía entender otro magistrado’. Sus colegas de la Cámara votaron en sentido contrario al de él. El pedido de recusación al juez había sido formulado por Alejandro Ferrarello.
El 7 de octubre de 2013, Mario Sasiaín y Daniel Fay designaron como objeto de fideicomiso por el plazo de 30 años a Madaho’s, designando como fiduciario a Alejandro Héctor Ferrarello. Básicamente, el encargo fiduciario comprendía recibir la renta que produjera la explotación del bien cedido, y pagar todos los meses los servicios, impuestos y gastos corrientes. Ante escribano público, Ferrarello tomó el control absoluto del local. El 6 de septiembre de 2016, fue procesado.
Los vínculos previos entre Ferro y Ferrarello
El 20 de abril de 2015, se dispuso un allanamiento en su domicilio comercial, donde se secuestraron -entre otros artículos- una computadora portátil y dos teléfonos celulares. Cuando la Cámara debió resolver sobre un pedido de restitución de dichos elementos al imputado, Jorge Ferro votó a favor de la solicitud, alegando que el secuestro de esos equipos era ‘innecesario y arbitrario’.
La División Apoyo Tecnológico Judicial de Policía Federal Argentina procedió al análisis de los teléfonos móviles, donde se descubrió que, entre los contactos de Ferrarello, estaba el Dr. Jorge Ferro. Adicionalmente, se descubrió contenido en forma de mensajes en la aplicación WhatsApp que sirvieron como prueba judicial. A las 16:51 hs del 7 de marzo de 2013, el imputado escribió al camarista: ‘Feliz cumpleaños viejito!!! Que lo pases bien y anda pensándola cuando pagás una cena’, a lo que Ferro responde: ‘Gracias. Cuando quieras. Un abri‘. En otro mensaje fechado el 20 de abril de 2015, día del allanamiento, puede leerse (dixit): ‘Jorge, recordá si podes averiguar lo de la posible denuncia que hablamos el viernes‘. Así mismo, entre el 25 de marzo y el 20 de abril de 2015 se detectan un total de 10 comunicaciones entre ambos.
La denuncia concluyó, tajante: ‘Todas las conversaciones telefónicas como los correos electrónicos encontrados darían cuenta de la estrecha relación personal y profesional que une a Alejandro Ferrarello y a Jorge Ferro datan al menos desde el año 2002’. Para tal aseveración, se basan en varios correos electrónicos analizados. ‘Los correos evidencian la mutua cooperación que existía entre ambos puntualmente en cuestiones profesionales: uno aparece asesorando a otro…‘. En otro de ellos, puede leerse: ‘Alejandro, te mando este proyecto, ojo que no salió, sobre las notificaciones en el amparo rechazado, pero se va a firmar. Jorge’. En dichos correos, aseguraba la denuncia, ‘Ferro aparece recomendándole a Ferrarello antecedentes del tribunal para la solución de algunos temas, y adelantándole resoluciones que aún no habían sido firmadas para colaborar con su trabajo’.
A su vez, los denunciantes aseveraban que la mutua cooperación entre ambos parece ser aprovechada por Ferrarello ‘para ejercer alguna influencia indebida sobre el magistrado a favor de terceras personas’. Con fecha 26/03/2010, el imputado recibe un correo de un tercero: ‘Se podrá hablar con Ferro o alguien de menor jerarquía para que me dejen fotocopiar el expediente..?’. Otro: ‘Ale, ya salió el traslado de nuestro recurso…..estaría bueno que hables con Ferro para que nos lo concedan al recurso…’. El 4/10/2012: ‘No te olvides de hablar con Ferro para que nos de letra y antecedentes’. Por último, se destaca otro mail del 16/07/2012 donde, entre varias cosas, el camarista aparece tratando de ‘cumplir con lo pedido’. Aunque quizá el correo más significativo pertenezca al abogado César Sivo, defensor de Ferrarello. El mismo refiere: ‘Cómo puede ser que no te hayan sacado los oficios? Pedí hablar con Ferro ya!!!’.
Otro correo sumamente comprometedor tiene fecha 17 de julio de 2010, de Ferro a Ferrarello, donde además de denotar un trato coloquial, intenta promover una recusación contra su colega de Cámara, Alejandro Tazza: ‘Hola Alejandro. Espero estés disfrutando al máximo las vacaciones…..Si consiguen ver la causa, te sugeriría que lo recusen a Tazza’.
En el llamado a indagatoria, el juez Martín (foto) afirma que “la prueba enunciada permitiría sostener que Ferrarello habría influenciado a Jorge Ferro con la finalidad de obtener decisiones acordes a sus intereses; siendo que este último acogería favorablemente a las peticiones formuladas”. Y explicita algunas de ellas: “su voto en una contienda judicial (antes de ser firmada), cómo lograría la mayoría, cómo excluir de una causa a un colega para que no votara, cómo recusar a un magistrado en un expediente, siendo que asimismo habría planeando y sugerido estrategias en el trámite de juicios dentro y fuera de su jurisdicción, para lo cual brindaría asesoramiento legal en la obtención de un resultado determinado u ocultaría expedientes en el interior de su caja fuerte para anular el trámite judicial”.
La denuncia primigenia ya lo destacaba aseverando ‘la existencia de una relación de cooperación profesional entre uno de los imputados, Alejandro Ferrarello, y uno de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, Jorge Ferro’. Y concluía: ‘Lo que se viene a denunciar es la posibilidad concreta de que Ferrarello esté ejerciendo una influencia indebida sobre el juez Jorge Ferro, y a la que éste se habría prestado, anteponiendo sus intereses privados a los intereses públicos que derivan de su función en tanto Juez de Cámara en la ciudad de Mar del Plata’. En uno de sus párrafos más fuertes, asegura que ‘las conductas adquieren ribetes delictivos (…) El tráfico de influencias es un delito subjetivamente configurado y de estructura compleja (…) De los informes técnicos surgieron elementos que obligan a profundizar esta hipótesis delictiva (…)’.
En marzo de 2020, Daniel Fay, Mario Sasiain y Mario Lafalce fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional, en un juicio abreviado. Así mismo, las maniobras desplegadas, de acuerdo a la acusación, fueron variadas y conllevaron un proceso de legitimación de activos por un monto que ascendió, como mínimo, a un total $16.620.040.
Por Pablo Portaluppi – pabloportaluppi01@gmail.com @portaluppipablo
