A raíz de la próxima moratoria de construcciones que intenta implementar el Ejecutivo municipal, la Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 manifestó su posición a la vez que propuso la creación de un fondo especial, entre otros temas.
Por medio de un comunicado, desde el Colegio resaltaron que históricamente se han manifestado contra la regularización de obras clandestinas en el formato de amnistía o moratoria, postura que se basa en diferentes situaciones.
“En primer lugar, las obras a regularizar han sido ejecutadas sin supervisión profesional, lo que implica que las normas de seguridad y salubridad, tanto públicas como privadas, no están garantizadas y puede poner en riesgo a la comunidad toda”, explicaron y agregaron: “Su materialización se realizó evadiendo el control público y de policía que ejerce el Municipio, y los aportes profesionales y previsionales obligatorios”.
“En el caso de las construcciones antirreglamentarias, las mismas transgreden normas técnicas y urbanísticas que perjudican el hábitat común, y donde en los casos más graves estas infracciones esconden una especulación que sólo persigue beneficios económicos imposibles de generar en la legalidad”, señalaron.
Las autoridades del Colegio explicaron que estas acciones deben implicar un resarcimiento económico, por parte de los responsables, a la sociedad e inclusive demoliciones en algunos casos.
Además de exponer su punto de vista, desde el Colegio detallaron una serie de puntos que se deben tener en cuenta:
-“La misma forma parte y es un eslabón más de una ordenanza que persigue el incentivo de la construcción en nuestra ciudad como paliativo para la profunda crisis económica y de desempleo por la que transita”.
-“En este contexto de emergencia la comuna necesita recaudar tasas e incorporar metros cuadrados a su catastro como herramientas para atender las demandas que la ciudad reclama”.
-“Los planes de vivienda propia que a nivel nacional y provincial se están implementando no deben demorarse ni perder capacidad frente a irregularidades que muchos beneficiarios poseen en sus propiedades, y en el caso de viviendas de sectores más necesitados permitirá a la Municipalidad relevar necesidades en servicios e infraestructura, e implementar operatorias de regularización dominial”.
-“En el caso particular de nuestra matricula es imperioso generar actividad y desarrollo profesional”.
Además, las autoridades suman observaciones y aportes que ya han sido planteados por la institución en la Comisión de Obras del Concejo. Y aseguran que es “inviable sostener el acogimiento a este beneficio por 365 días como sugiere el proyecto”.
“La dependencia encargada de realizar los controles de obra está debilitada operativamente por escases de infraestructura y recursos humanos que arrastra desde hace muchos años y agudizado por la pandemia”, explicaron
Y señalaron que “en el plazo propuesto pueden realizarse más de una obra completa y ampliaciones de todo tipo si no hay un control de policía por parte del Municipio, creando una suerte de liberación de las obras”.
“Nuestra propuesta es que el acogimiento sea en un plazo no mayor de 90 días como han sido históricamente estas operatorias; que sea obligatorio el relevamiento fotográfico y la declaración jurada de propietario y profesional, asumiendo las consecuencias del falseamiento de datos”.
Y expresaron que “un plazo de 180 días es más que suficiente como límite para la presentación de la documentación de obra y no 270 días como versa en el mencionado proyecto de ordenanza”.
“Finalmente proponemos la creación de un Fondo Especial, sobre un porcentaje de lo recaudado, para que la Secretaría de Obras sea equipada en todas sus dependencias y la seguridad y salubridad pública tengan el control necesario. De esta manera, en el futuro no será necesario implementar una nueva amnistía de construcciones”, puntualizaron.
