La Comisión de Presupuesto y Hacienda iniciará además el debate del proyecto de ley de Aporte Solidario. Además, en el temario también hay una iniciativa que prohíbe la ayuda estatal en el marco de la pandemia a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.
“Hay que recordar que este es un fondo de garantías para 7 millones de jubilados y pensionados, mientras que Reparación Histórica es para 900 mil. Es importante volver a la idea de que el fondo les pertenece a la totalidad de los jubilados”, explicó Raverta, al defender la necesidad de esta ley.
“Es un proyecto muy importante porque da soluciones a cinco problemas a resolver: el financiamiento del programa de reparación histórica, el préstamo con las provincias, las inversiones productivas del FGS, la regularización de créditos Argenta y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en carteras del FGS”, añadió.
“La idea es que podamos ser parte en este enorme esfuerzo que tenemos que hacer para reconstruir la Argentina. Esta es una ley que tiene distintas miradas, distintos problemas y distintas soluciones”, explicó.
A su turno, el diputado de la UCR por San Luis, Alejandro Cacace, indicó que para Juntos por el Cambio “es muy importante que se cumplan los beneficios de la reparación histórica” y solicitó que se definan la modalidad de financiamiento de la misma.
Ante esta cuestión, la funcionaria de la ANSES explicó que los recursos para el pago de la Reparación Histórica provendrán del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y, si hace falta, del Tesoro Nacional.
A su turno, la legisladora de Consenso Federal, Graciela Camaño, señaló que “no cabe dudas que necesitamos ajustar algunas cuestiones referidas al tema jubilaciones. Es imposible que alguien que haya transitado la función pública en la Argentina alrededor de todo este tiempo, sea algo que pueda negar”.
“Las modificaciones que hagamos necesitamos hacerlas con los números en nuestras bancas. Si hay un sistema que necesita previsibilidad en el tiempo es el sistema previsional. Sobre la base de qué números estamos diciendo que el fondo se insolventa”, preguntó y pidió asimismo que el pago de la Reparación Histórica no quede “atada” al Presupuesto.
Ante este cuestionamiento, la funcionaria de la ANSES respondió que se estima que “10.000 millones de pesos de la Reparación Histórica deberían pagarse con el FGS” y junto con Heller aceptaron modificar la redacción del artículo 2 del proyecto para dejar bien en claro la cuestión de dónde provendrán los fondos.
Respecto a la posibilidad de una nueva moratoria previsional, Raverta evaluó que “es un tema más de los que estamos analizando para tomar las mejores decisiones para los jubilados. La Argentina se va a poner de pie en la medida que logremos condiciones de desarrollo y dignidad para quienes integran la comunidad”.
Heller manifestó la intención de pasar a la firma del dictamen con celeridad para que el proyecto pueda ser tratado en la próxima sesión, pero ante la insistencia de la oposición de ver plasmados los cambios en el proyecto, se llamó a un cuarto intermedio de una hora. “Estamos en una crisis que tiene que ver con una situación anterior, con el efecto de 6 meses de Covid y con la incertidumbre de no saber cuando esta pesadilla va a terminar. Por eso tenemos que esforzarnos a buscar soluciones equilibradas”, dijo.
A las 18.30, la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta las 19.30 a fin de que desde la ANSES pudieran plasmar en el texto los cambios consensuados en la reunión y así poder pasar a la firma del dictamen.
Los mandatarios provinciales buscan acelerar la sanción de esta iniciativa para poder encarar negociaciones con el Anses para renegociar los préstamos que otorgaron con el respaldo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y cuyo cobro, que se hacía reteniendo fondos coparticipables, está suspendido por 45 días.
Aporte SolidarioEl proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que propone que las personas con un patrimonio superior a $ 200 millones hagan una contribución por única vez al Estado, con el fin de recaudar unos $ 300.000 millones para paliar las consecuencias de la pandemia.
Según las estimaciones estarán alcanzadas aproximadamente 12.000 personas a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5% del patrimonio.
El texto establece que escala de alícuota según el patrimonio declarado hasta el 31 de diciembre de 2019: 2% para entre $200-$300 millones; 2,25% hasta $400 millones; 2,75% hasta $600 millones; 3% hasta $800 millones; 3,25% hasta $1.500 millones; y 3,5% para más de $3.000 millones. Según los cálculos realizados, alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre $200 a $400 millones.
El Frente de Todos aspira a poder votar esta iniciativa a fines de septiembre en el recinto de sesiones, que ya cosechó los respaldos de bloques provinciales y Consenso Federal, lo que le garantiza contar con los 129 votos necesarios para si aprobación, informaron fuentes del oficialismo.
Desde que la bancada que conduce Máximo Kirchner presentó el proyecto el pasado 28 de agosto, se sumaron los respaldos de Interbloque Federal, Justicialista y Federal, y Unidad para el Desarrollo, que reúnen una veintena de diputados. Para ser aprobado, el proyecto necesita 129 votos positivos en el recinto.
Por ello, y para el Frente de Todos, conducido por Máximo Kirchner, es clave el apoyo de los diputados de los bloques opositores ya que la creación de cualquier gravamen o aporte especial debe sancionarse con una mayoría especial -equivalente a la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo- y la bancada oficialista cuenta con 117 votos propios.
Además, analizarán un tercer un proyecto de ley presentado por el oficialista Pablo Carro, por el cual se propone la prohibición de ayuda económica dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria para empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.
Carro explicó que “debe haber una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que, habiendo cumplido con todos los tributos argentinos, puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de aquellas domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP”.
El proyecto aclara que “la ayuda financiera realizada excepcionalmente por el Estado y sus diferentes organismos deberá excluir a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.
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