El Juzgado Federal 2 de San Martín elevó a juicio una causa por el secuestro y tortura de tres militantes comunistas en 1981, en la que está implicado el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
En total son siete los involucrados de haber participado de las acciones realizadas el 23 de julio de 1981, según las pruebas que constan en el expediente sobre el que trabaja la jueza Alicia Vence.
Luego de rechazar una serie de nulidades presentadas por la defensa, Vence clausuró la instrucción de la causa y elevó a juicio oral y público a los acusados, a quienes se los señala como autores de crímenes de lesa humanidad contra los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.
Como se indicó, entre los acusados se encuentra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garello, quien era agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) durante la última dictadura cívico-militar.
Además, son juzgados otros dos ex agentes de esa dependencia, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de Investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y el entonces Jefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa.
La solicitud de la causa había sido realizada de manera conjunta entre el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las secretarías de derechos humanos nacional y bonaerense en marzo pasado. Ahora solo resta esperar que se sortee el tribunal que participará del debate.
Según consta en los documentos del archivo de la Dippba presentados por la CPM la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por Jorge Apa, en la que se conformó una comisión conjunta con personal de la Dippba San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.
A partir del accionar de estos agentes, Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor fueron secuestrados y trasladados a la Brigada de Investigaciones de Caseros, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
La denuncia contra Fernández Garello fue realizada en 2016 por la CPM junto a una decena de organismos de derechos humanos. Según consta en diversos archivos, el funcionario participó en al menos 17 actos de inteligencia entre 1978 y 1982.
