La resolución, elaborada por el ministro de Salud Ginés González García, se publicó en el Boletín Oficial. Es para casos de embarazos por violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer.
El Gobierno hizo oficial este viernes el nuevo protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El documento que consta de 79 páginas entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
“Está orientado por los objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan”.
El nuevo protocolo remarca la diversidad de género: “El derecho a ILE, establecido en el art. 86 del Código Penal, corresponde a toda las personas con capacidad de gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, etc.)”.
También incluye a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género: “La ley 26.485 sancionada para prevenir, asistir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres describe tipos y modalidades de violencia. La violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica (tipos de violencia, art.5). Y puede ser doméstica, institucional.
En cuanto a la aplicación, determina que “para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación“.
“La objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar”, señala.
