La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió a las empresas distribuidoras de gas natural que brindan servicio en la provincia que no interrumpan la provisión por falta de pago. Esto se fundamenta en los aumentos recientes de las tarifas y en las dificultades que los consumidores tienen para pagar.
Según autoridades de la Defensoría, en el primer trimestre de 2018 recibieron un 82% más de reclamos que en el mismo periodo de 2016.
En este sentido, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino informó que la solicitud busca garantizar a todos los usuarios un mínimo de consumo indispensable para la vida digna, para que “la gente pueda vivir sin la angustia del corte total”, sobre todo en las familias con niños, enfermos, adultos mayores o personas con discapacidad. “Las deudas de los servicios públicos se acumulan y la gente no puede pagarlas”, sostuvo.
El organismo definió el “mínimo de consumo” en dos bloques de tarifa social, aunque reconoció que el beneficio económico resulta imperceptible luego de las modificaciones que le introdujo el gobierno nacional.
Además de elevarse la cantidad de reclamos por las tarifas de los servicios públicos, aumentaron los pedidos por la tarifa social en un 92% en los últimos dos años.
“Planteamos un piso de derechos igualitario para que la gente que no logre pagar por estrictas razones económicas pueda mantener la provisión de este servicio elemental, tal como está garantizado constitucionalmente”, concluyó Lorenzino.
