Quieren apurar la ley para decomisar bienes de la corrupción

El debate lleva dos años en el Senado y Macri reclamó la sanción al Congreso; en el propio Gobierno no hay acuerdo y dudan si se vulnera el derecho a la propiedad

Un texto con severas deficiencias jurídicas sobre una materia que divide aguas en el Congreso e, incluso, en el propio Gobierno es la principal causa que mantiene empantanado en el Senado el proyecto de ley de extinción de dominio.Se trata de la herramienta legislativa con la que se pretende acelerar el decomiso de bienes adquiridos con el beneficio de los denominados delitos de corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.

Apurado por los reclamos de los ministerios de Seguridad y de Justicia, Mauricio Macri reflotó el tema en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo, y pidió su pronta sanción.

Sin embargo, el proyecto lleva casi dos años parado en el Senado por la polémica en torno a la vulneración del derecho constitucional a la propiedad, que implicaría la sanción de una ley que habilite el decomiso de bienes sin que exista, al menos, una sentencia en primera instancia.

La vulneración del derecho a la propiedad fue una de las constantes de todas las críticas formuladas por jueces, fiscales y especialistas en derecho que expusieron ante la Comisión de Justicia del Senado sobre el proyecto. luego de que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en junio de 2016.

Aquella sanción permitía a los fiscales impulsar el juicio de acción de dominio ante la Justicia Civil, independientemente del resultado del proceso penal. En otras palabras, se habilitaba el decomiso aun sin que existiera una sentencia.