La Legislatura bonaerense sancionó hoy la Ley de Presupuesto para la provincia de Buenos Aires que contempla gastos para el 2018 por 630 mil millones de pesos y la Impositiva que prevé aumentos en los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano y baja en al menos en 50 rubros de Ingresos Brutos.
Tras negociaciones con intendentes del justicialismo y Sergio Massa de 1País, el oficialismo logró conseguir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar el endeudamiento de unos 85 mil millones de pesos que incluye el presupuesto y que serán destinados a financiar la obra pública.
La iniciativa fue tratada primero en la Cámara de Diputados y esta noche sancionada en el Senado.
A diferencia de la votación del año pasado en la que el peronismo en sus diferentes vertientes logró unificar criterios para que se incluya en el presupuesto un Fondo de Infraestructura Municipal, la derrota electoral de octubre pasado provocó la votación dividida en dos de las tres bancadas en las que se divide el justicialismo en Diputados.
Es que en el bloque del Frente para la Victoria, sólo diez (la mayoría ligada a la Cámpora) de los 17 integrantes se opusieron al presupuesto, mientras que lo mismo hicieron 4 de los 13 que conforman el bloque del FPV-PJ y cuya mayoría (alineados con Florencio Randazzo) apoyaron la iniciativa del Poder Ejecutivo a la que se le introdujeron algunos cambios.
El propio presidente de ese bloque del FPV-PJ, Walter Abarca debió aclarar en su alocución que “no” hablaba en nombre de la bancada y el representante del Frente para la Victoria, Juan Debandi nombró a los 10 de los 17 diputados de ese bloque que se oponían.
Además de los legisladores del justicialismo y de 1País, el presupuesto fue acompañado por la bancada del Gen, dos unibloques, el que conforman los legisladores del Movimiento Evita y rechazado por la izquierda.
En el Senado, el escenario fue similar aunque allí los legisladores del Frente para la Victoria mantuvieron una posición uniforme para oponerse al presupuesto.
Sin embargo, el oficialismo logró los dos tercios con el acompañamiento de 1País, del Bloque Peronista que integran los randazzistas y de algunos unibloques.
Los legisladores del peronismo que votaron en contra argumentaron que se trata de un presupuesto que “sólo contempla más ajuste y deuda” y pidieron postergar su tratamiento hasta conocer el acuerdo con la Nación y las provincias por el Fondo del Conurbano.
La denominada ley de leyes bonaerense prevé para 2018 un crecimiento de 3,5% de la economía provincial e incluye una baja en la presión impositiva a 5,5% del producto bruto geográfico (PBG), frente a 5,8% este año.
Como dato saliente, para el área de Desarrollo Social habrá un aumento de 30% (lo que suma un incremento de más del 150% desde 2015 y estará destinado a los programas Envión y el Estado en tu Barrio).
También contempla un 22% de suba en las partidas para Infraestructura (400% más en el trienio ya que contempla una inversión de más de 30.000 millones de pesos en 861 obras) y un 19% en Salud (incluye un alza de 120% desde 2015, de los cuales se destinarán $2.000 millones para reconstruir las guardias de los hospitales y para extender a 77 distritos de la provincia el sistema de emergencias SAME).
Para el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Marcelo Daleto el proyecto tratado hoy “es diferente a los anteriores porque por primera vez en los últimos años la tratamos en un contexto económico positivo para el país en el que la construcción creció 13 por ciento y la industria más de 5 en los últimos meses”.
“La deuda es para obras y votar en contra es que no se realicen mil kilómetros de pavimento o las obras en la cuenca del Río Salado contras las inundaciones”, graficó el legislador del oficialismo para quien “por primera vez en muchos años se contempla una baja de impuestos y un aumento del gasto en obra, en lo social y reduce el déficit fiscal”.
Daleto se refirió también al aumento en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural previstos en la Ley Impositiva, aunque citó ejemplos en los que una vivienda de 100 metros cuadrados pagará 352 pesos más al año en ese concepto.
“Cien hectáreas del mejor campo en Chacabuco pagó por hectárea este año 785 pesos, ahora pagará 1047 pesos lo que implica 22 pesos por hectárea por mes”, subrayó.
Además aseguró que eso se contrasta con que “todos los productores que tengan menos de 50 hectáreas y hayan facturado menos de 3 millones de pesos quedan exentos del inmobiliario rural”.
La baja de impuestos proyectada para 2018 a través del proyecto de Ley Impositiva, tendrá un costo fiscal de $ 10.000 millones y abarcará a Ingresos Brutos en cada sector: unas 3.900 grandes industrias, por ejemplo, pagarán una alícuota de 1,5% (frente a 1,75% en la actualidad).
Estarán exentas, además, las Pymes fabriles que facturen hasta $ 78 millones, y cuyo tope es hoy de $ 52 millones, lo que implica una variación de más del 50% y alcanza a unas 40.000 compañías.
Para la construcción, la alícuota del gravamen bajará de 4% a 3% en beneficio de 39.000 compañías; para unos 15.000 pequeños comercios que facturen hasta $ 2 millones se reducirá de 3,5% a 2,5%; y para unas 2.200 carnicerías también caerá a 2,5%, desde el 3,5 actual.
Se recorta también la alícuota del impuesto a los Sellos, de 3,6% a 2% para la compra venta de inmuebles y para autos cero kilómetro ese gravamen y el de Ingresos Brutos bajan de 3 y 3,5% respectivamente, al 2,5%.
Para lograr la aprobación del Presupuesto y la Ley Impositiva el oficialismo debió incorporar algunas modificaciones fundamentalmente en torno al Fondo Educativo que perciben los municipios y que el Ejecutivo pretendía que el 75% fuera destinado a infraestructura donde se acordó que esa afectación bajará al 50 en el conurbano y 40 en el interior.
También se bajó el porcentaje de garantía que puede otorgar la provincia en el marco de la Iniciativa Pública Privada que será de 15 mil millones contra los 100 mil que incluía el proyecto original.
En tanto, en la Ley Impositiva volvió a dejarse fuera de la posibilidad de cobrar impuestos a las cooperativas ya que el proyecto original las tornaba como “sujetos de acto de comercio” y si bien estaban exentas de impuestos la oposición consideraba que podría pasar a cobrarle impuestos con un decreto.
