A poco más de un año de la muerte de la joven Lucía Pérez, el juez de Garantías Gabriel Bombini, decidió este jueves elevar la causa a juicio oral. De esta manera los imputados Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Alberto Maciel serán juzgados tal como lo propuso la controvertida fiscal del caso: María Isabel Sánchez.
Asimismo, el magistrado aclaró que tanto Farías como Offidani son presuntos coautores del hecho calificado provisionalmente como constitutivo del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad. Con respecto a la figura de Alejandro Alberto Maciel, deberá formar parte del debate oral por considerarlo presunto autor penalmente responsable de encubrimiento agravado.
En lo que respecta a la muerte de la menor, Bombini recalcó que “la cuestión ha quedado con mayor grado de duda, principalmente a partir de las divergencias expresadas por los distintos peritos intervinientes sin que se haya realizado una junta médica en la que hubiera participado la totalidad de ellos y para procurar generar puntos de consenso, lo que deberá realizarse en el debate oral y público”.
En tal sentido expresó que “los peritos han expresado un mayor grado de consenso en establecer en relación a la causal de muerte como mecanismo altamente probable la congestión y edema pulmonar de causa tóxica, probablemente vinculada al consumo de cocaína” y añadió “el punto central para el debate es determinar la responsabilidad penal que le cabe a quien habría resultado el proveedor de las sustancias –Farías- y a quien habría colaborado en esa acción –Offidani-. Fuera de otras hipótesis acusatorias más arriesgadas, esta parece resultar más relevante para determinar el incremento del riesgo respecto de la situación de la víctima, y la previsión y asunción indiferente de ese resultado por los acusados”.
En relación a la existencia de un abuso sexual, el magistrado señaló: “las posiciones de los peritos han sido diversas: tres médicos se pronuncian sobre la probabilidad de que haya existido: la médica que realizó la autopsia (Dra. Carrizo), el médico que en aquel momento se encontraba a cargo del cuerpo médico local (Dr. Chiodetti), y el perito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora (Dr. Bonvicini). Los peritos de la Asesoría de la Suprema Corte de Justicia, expresaron que aunque existen signos de brusquedad, no pueden afirmarlo ni excluirlo. La perito de la defensa (Dra. Corti), menciona que la causal de muerte es indeterminada, y que no puede afirmarse la existencia del abuso. Esta cuestión que no ha quedado debidamente zanjada exige la apertura del debate para que pueda ser determinada, dado que incide en la discusión sobre la privación o limitación del consentimiento pleno de la víctima, al inicio del encuentro con Farías, o durante su desarrollo posterior. También, debe tenerse en cuenta la posible limitante de ese consentimiento por la provisión y consumo de estupefacientes o incluso un posible estado de inconsciencia, respecto de lo cual tampoco los peritos han sido unánimes” y sentenció concluyendo que “más allá de las diferencias de mayor o menor probabilidad de un hipótesis de causal de muerte -por suministro de estupefacientes por sobre la violencia o abuso sexual-, tratándose de un hecho único se dispone la elevación a juicio para ventilar la totalidad de las hipótesis posibles en el debate oral”.
