Un caso que roza la mala praxis judicial fue denunciado por vecinos de Mar del Plata que poseen una propiedad en Balcarce, la que desde hace quince días es ocupada ilegalmente por una familia, que luego de violentar el ingreso, se quedaron a vivir. Ahora la Justicia debe dictaminar su desalojo, pero este hecho se ve demorado al haber volcado en el expediente el fiscal interviniente, datos que no se condicen con lo sucedido al momento de su ocupación y del quedaran constancias en el acta policial levantado en el lugar de los hechos.
Tal el caso que hoy está padeciendo la familia de Héctor Francisco Avellaneda, quien documentación en mano, acreditó primero ante la Policía que intervino por la ocupación ilegal, y ante la propia Justicia, la titularidad de del departamento ubicado en la calle 30 numeral 430 (entre 9 y 11), de la ciudad de Balcarce.
“De un día para otro, el departamento que posee mi esposa Mariela Del Castillo, fue ocupado ilegalmente por una mujer, identificada como Martina Cabot, quien luego de violentar el acceso a la vivienda, se metió en ella. Es más, esta mujer ya cuenta en su haber con dos causas penales por el mismo hecho”
“Esta violencia -enfatizó Avellaneda- no sólo fue observada, sino también detallada por la propia Policía que intervino ante la denuncia, y así quedó acreditada en el acta levantada en el mismo lugar. Pero, sorpresa, el Fiscal Roberto Moure a cargo de la causa, en el informe que eleva al juez interviniente por la denuncia que presentamos, afirma que ‘no se encuentra acreditado el uso de violencia’ cuando ello surge con claridad del informe emitido por la comisión policial que se constituyó en el lugar”.
“Esto significa que hoy por hoy, quienes están ocupando ilegalmente el departamento puedan seguir habitándolo hasta que la Justicia determine si existió delito o no… Un verdadero disparate que esperemos sea resuelto a la brevedad, ya que pareciera que se ampara a quienes infringen la Ley y no a quienes la respetamos”, dijo Avellaneda.
Hoy el tema es motivo de análisis por parte del Juzgado en lo Criminal N° 5 de Mar del Plata, y Del Castillo solicitó, a través del letrado Juan Martín Ageitos “el lanzamiento de los intrusos”.
La propia Del Castillo denunció que “la Justicia no me ha brindado la salvaguarda que creo merezco, dado que siempre he obrado de acuerdo a la Ley, y no he respondido con igual violencia ante el evidente atropello sufrido por parte de Cabot”.
Refiriéndose al fiscal Moure, Avellaneda enfatizó que “lo poco que se de él, es que es un profesional que le pone muchas ganas a su tarea, y quiero pensar que en el fragor del trabajo se le pasó por alto este detalle sobre la violencia para ingresar al departamento. Si lo hizo por analizar livianamente la causa, estamos ante un hecho de una gravedad institucional, que seguramente merecerá la denuncia para que se juzgue su accionar; independientemente de la difusión del caso que, no tengan dudas, haremos por todos los medios a nuestro alcance”.
Por último Avellaneda enfatizó que “lo cierto que por un ‘error judicial’, se ampare a quienes no respetan la leyes, y se nos empuje, a tomar acciones que no deseamos, en defensa de nuestros derechos”.
