El intendente Carlos Arroyo, en relación al conflicto surgido a raíz de un corte provocado por un grupo de personas en el acceso al Predio de Disposición Final de Residuos, durante 48 horas, que imposibilitó la normal recolección de basura en la ciudad.
“El juez interviniente habla en la sentencia de ‘una ínfima minoría’, al referirse a las 10 personas que cortaron la entrada al predio. Es decir que el magistrado le da prioridad a la protesta equivocada de 10 personas contra la salud de 1 millón de habitantes. Toda la ciudad ha sido sometida a un chantaje, prácticamente”, disparó el titular del Ejecutivo.
En ese sentido, Arroyo adelantó que “voy a hacer una presentación ante el Consejo de la Magistratura por esto, porque considero que la sentencia no tiene ni pies ni cabeza, es un dislate, no tiene ninguna lógica interna. Así no se puede seguir. Nosotros no hicimos nada. Intervino la policía y la Fiscalía: hicieron bien su trabajo. Pero es evidente la intención política de meternos en un campo en el que no tenemos nada que ver”.
La Túpac Amaru en el corte al predio y en el frente de la Municipalidad
Asimismo, recalcó que “nosotros queríamos que cesara el corte, porque en realidad el impedir un servicio público viola el Art. 194 del Código Penal. Estamos frente a la comisión de un delito. Eso está claro como el agua. De ahí a que no se lo quiera sancionar, es otra historia”.
“Creo que el derecho de petición a las autoridades existe y es constitucional. Nadie lo negó nunca y lo vamos a respetar siempre, pero protestar no significa generar una situación de salubridad pública peligrosa para 1 millón de personas ¿Qué hubiera pasado si se hubiera largado a llover con todas las bolsas de basura en la calle, con los desagües tapados, las calles inundadas y todos los residuos esparcidos por la vía pública? El riesgo que corrió la ciudad fue enorme”, aseveró el jefe comunal.
Finalmente, Arroyo confirmó que “el bloqueo se levantó por una negociación, porque entendieron que esto no daba para más. Había recicladores que querían que se terminara el tema. No todos estaban en esa tesitura. Yo creo que fue una medida irracional: no hay ningún derecho que la ciudad esté sometida a ese tipo de medidas en donde corra peligro la salud de toda una población porque a 10 ó 20 personas se les ocurra”.
