Debido a un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri en enero de este año respecto a la Ley de Migraciones, representantes de la Cámara local de Supermercadistas de origen chino se presentaron ante la Justicia, ya que según ellos, un centenar de extranjeros que viven en nuestra ciudad podrían ser expulsados del país.
En comunicación con Radio Brisas, la letrada Paula Urcioli, sentenció que “esta modificación de la Ley Migratoria es inconstitucional y oportunista”.
Asimismo, aclaró que “con esto se perjudicó más a la gente migrante, sin resolver la cuestión de fondo que es la inseguridad” y añadió que “con la nueva legislación se pone en la misma bolsa al extranjero que vino a trabajar que al que no”.
Urcioli destacó además que “cientos de chinos que viven en Argentina, algunos vinieron porque allí no pueden tener más que un hijo, pero más que nada buscan un mejor futuro laboral y de realización personal”.
Finalmente la abogada sostuvo que “los extranjeros tienen que tener los mismos derechos que los argentinos. Cabe resaltar que si no tuvieron la documentación migratoria en regla no sería posible que estén trabajando, por eso es un tratamiento muy ambiguo el que se les hace”.
Los puntos más salientes de la Ley de Migraciones
“La población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total”, y que en los delitos “vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros”.
Por estas y otras razones el Gobierno argumentó en enero pasado, estar ante “una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.
Por ende realizó un decreto que establece una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.
Uno de los impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional que establece el inciso C del artículo 29 de la ley actual es “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”.
Desde el Gobierno consideran que este cambio “da más claridad interpretativa y permite regular mejor el resto de los institutos vinculados”. Además, se suma como causal la condena o antecedentes por delitos de corrupción.
El decreto incorpora también como causales de impedimento de ingreso al país omitir que se tiene antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, tráfico de órganos (aunque no haya condena). Además, establece que “sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión”.
También se incorpora otro cambio: si un inmigrante pagó para que lo trajeran, a pesar de que esto infringe la ley, si colabora para dar con el traficante de personas, podrá pedir la residencia y evitar la expulsión.
El decreto fue elaborado en conjunto entre los ministerios de Justicia y de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Migraciones y Cancillería. Además, según las fuentes, se sumaron aportes de otras fuerzas políticas.
